*Por Víctor Féliz Solano

Desde inicios de la dictadura del general Trujillo en el año 1930, la frontera y sus comunidades siempre significaron un especial interés de su gobierno tiránico. Las razones a ciencias ciertas se desconocen, sin embargo, la más recurrida es la de la nacionalización de un espacio, que a su juicio, pertenecía a la nación dominicana. También se han escuchados motivos racistas y obviamente, los intereses económicos que allí se movían.

La solución que encontró el déspota, dista mucho de lo que nuestra propuesta de hoy día pretende. Indubitablemente al margen del racismo y otros asuntos étnicos, las razones son casi de las mismas índoles: preservar la integridad de nuestro territorio, los intereses económicos de paisanos que deben ser protegidos, entre otros, son los motivos que nos preocupan. Debemos agregar que además existen temas como salubridad, desempleo, pobreza extrema, marginalidad, bajísimo nivel de desarrollo urbano y la espantosa emigración de sus habitantes hacia las urbes procurando encontrar mejor suerte.

Cinco provincias conforman nuestro “muro” fronterizo, Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales en donde viven aproximadamente 300,000 dominicanos y a nuestro juicio, esa cifra se disminuye de forma acelerada. Estas provincias contienen 26 municipios con diversas condiciones naturales y culturales que sin dudas son el valladar de nuestra soberanía nacional.

Al través de los años hemos podido ver decenas de anuncios desde los diferentes gobiernos que hemos tenido sobre sus intenciones de hacer grandes inversiones de infraestructuras para potencializar la olvida zona fronteriza. Dichos propósitos, todos loables, no han logrado el objetivo deseado. El gobierno anterior fijó sus ojos sobre el Puerto de Manzanillo y el actual apuesta al desarrollo turístico de Pedernales. Sin embargo, la propuesta más justa y equilibrada sería cumplir con la asignación del 10% sobre los ingresos reflejados en el presupuesto general de la nación a los ayuntamientos fronterizos.

Hay una gran necesidad a nivel nacional de fortalecer las estructuras económicas de los ayuntamientos, empero, esta propuesta sería como ayudar a los más débiles en momento preciso que necesitamos con más ahínco preservar nuestra soberanía en dicha zona. Con más recursos, los ayuntamientos aumentarían su capacidad de gestión, de empleos e inversión pública, generando un derrame económico en su población con lo que se evitaría la fuga de sus habitantes.

El comercio se beneficiaría y con ello sus habitantes. No es un secreto para nadie que los recursos que manejan los ayuntamientos, son los mejores y más “democráticamente” repartidos, pues éstos no pueden gastar ni un sólo centavo del mismo más allá del límite de sus jurisdicciones.

Es de conocimiento del mundo municipal, que la aplicación de lo que reza la ley 166-03 sobre la asignación del famoso 10% es una meta muy difícil de alcanzar, por tanto, implementarla de manera gradual entregando la partida atendiendo como prioridad a los municipios fronterizos, sería un acto de justicia social y aprovecharíamos para salir del “charco” en que se encuentra empantanada dicha ley casi 20 años, y por supuesto reforzaríamos las acciones que ordena el artículo 10 de nuestra Constitución Dominicana. Si la municipalidad está buscando un tema para lograr reivindicaciones, esta es la mejor de las excusas.