Al calor de una campaña electoral pueden surgir una cantidad inmensa de asuntos ideados para el caso o reales para promover intereses, temas o aspiraciones. Los accidentes de tránsito son una consecuencia de un mal crónico en la sociedad dominicana.
Si de pronto alguien dice que con tal o con cual disposición o medida serán resueltos antes de que termine el año, la libertad para creerlo corre por la libertad de cada cual.
En el año 2017 fue aprobada una ley bastante amplia, al punto que algunos comentaristas en su momento afirmaban que parecía hecha para un país desarrollado. Es decir, con usuarios de las vías públicas conscientes de la importancia de las reglas y conscientes de lo que está en juego cuando alguien cruza una vía o cuando se pone al volante de un vehículo de motor.
Una operación aparentemente sencilla, como encender un automóvil y ponerlo en marcha comporta un riesgo importante para la integridad de quien lo hace, el bien con el que lo hace y para la de otros y sus propiedades y parece que a muy pocos, por no decir que a nadie, esto le cause alguna aprensión.
La ley contempla sanciones, inclusive para peatones, por el uso inapropiado de las vías. ¿Y qué hacer con quienes las han convertido en talleres y en mercados para la venta de toda clase de mercancías y la imposición de servicios?
Desde luego, de esta manera y con sus consecuencias no es posible vivir para siempre.
Pero si hemos de ver una solución parece improbable que ocurra como los milagros, en cualquier momento. Para ello tiene que haber un cambio de actitud en la población y en las autoridades, que todavía carecen de los reglamentos de una ley aprobada hace más de cinco años.
Cambiar una mentalidad no es posible de un día a otro, menos al calor de una campaña electoral.
