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Bogotá.- El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, pidió hoy protección para el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Luis Fernando Andrade, que está en prisión domiciliaria en un proceso que se le sigue por el escándalo de sobornos de Odebrecht, tras la muerte de un testigo clave en el caso.
En una carta que fue publicada por varios medios de comunicación y está dirigida al general Jorge Luis Ramírez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Whitaker también pide protección para la familia de Andrade.
Asimismo, el diplomático insiste en que para Estados Unidos “es de especial interés que su caso se desarrolle con agilidad, manejo idóneo de la evidencia y bajo los principios del Estado de Derecho».
Finalmente, Whitaker le ofrece al general Ramírez ayuda estadounidense en caso de necesitarla para la protección de Andrade. En una entrevista reciente con Canal Uno, el expresidente de la ANI confesó que se siente “muy inseguro” porque ha sufrido “un proceso de intimidación constante».
La Fiscalía imputó a Andrade cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos de la concesión de la Ruta del Sol II.
Posteriormente, anunció iba a imputar a Andrade cargos por “interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales” como parte de una investigación por los sobornos de Odebrecht en el país.
Andrade será acusado de esos delitos por la adición en el contrato de la Ruta del Sol III, a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Salini Impregilo Spa sucursal de Colombia, así como por supuestamente favorecer la adjudicación del “otrosí número 5 del contrato”, que contenía “los estudios y diseños para la construcción de Puente Plato, en el departamento de Magdalena (norte)».
El ingeniero Jorge Enrique Pizano, considerado como testigo clave en el escándalo de sobornos de Odebrecht en Colombia, murió el pasado 8 de noviembre de un infarto, tres días antes que su hijo Alejandro, quien falleció envenenado por cianuro que contenía una botella de agua saborizada que encontró en el escritorio de su padre.
El caso ha levantado una gran polvareda en Colombia puesto que Pizano padre dio una entrevista a Canal Uno que fue emitida tras su muerte y en ella reveló que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde 2015, antes de asumir el cargo, las irregularidades en la licitación para la construcción de Ruta del Sol II.
Jorge Enrique Pizano era interventor de la carretera Ruta del Sol II, cuyo socio mayoritario era la empresa brasileña, en nombre del Grupo Aval.
Las acusaciones han ido creciendo contra el fiscal Martínez desde que se hizo público el caso, puesto que en 2015 era abogado del conglomerado bancario Grupo Aval, que a su vez es accionista mayoritario de la Corporación Financiera Colombiana S.A (Corficolombiana), socia de Odebrecht en esa carretera.
Pizano era en 2015 responsable del control financiero de la Ruta del Sol II, que comunica el centro con el norte del país, por parte de Corficolombiana, involucrada en la obra a través de Episol S.A.S. El Grupo Aval y Corficolombiana integran un conglomerado del industrial Luis Carlos Sarmiento Angulo, una de las personas más ricas de Colombia.
