QUITO, Ecuador.– Ecuador defenderá la renovación del protocolo de Kioto y se opondrá a que el Fondo Verde sea administrado por el Banco Mundial (BM), en tanto propondrá impuestos a las transacciones de petróleo durante la conferencia climática de Durban, anunció este viernes el gobierno.
"Exigimos un segundo período de compromisos del protocolo de Kioto", que obliga a los países ricos a reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero, dijo la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, en rueda de prensa.
La funcionaria, quien viajaba este viernes a Durban (Sudáfrica) para presidir la delegación ecuatoriana en la cita de las Naciones Unidas, advirtió que un fracaso para renovar el acuerdo generaría un "vacío jurídico" a partir de 2012 con grave impacto para unos 100 millones de "refugiados climáticos".
"Kioto incluso ha sido insuficiente porque lo que hemos reducido no está en los umbrales de lo que la ciencia dice", agregó Espinosa, reiterando que Quito también impulsará la iniciativa Yasuní-ITT, mediante la cual se abstendría de explotar una reserva de crudo en la Amazonía a cambio de una compensación internacional de 3.600 millones de dólares.
La responsable señaló, de otro lado, que Ecuador se opondrá a que el Fondo Verde sea controlado por el BM y planteará, en cambio, que su administración quede a cargo de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Si queda en manos del BM, el fondo "se va a convertir en otro instrumento de ajuste para nuestras economías", alertó la ministra, indicando que esta iniciativa ecuatoriana es apoyada por sus socios de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) y "vista con simpatía" por varios países africanos y del G77 (integrado por unas 130 naciones, incluida China).
El Fondo Verde debe proveer financiamiento a partir de 2013 y aumentar periódicamente hasta 2020, fecha en la que los países industrializados prometieron girar 100.000 millones de dólares por año para que los países en desarrollo puedan hacer frente al cambio climático.
"Tienen que ser fondos públicos y nuevos como marca el compromiso de Cancún (México)" de 2010, subrayó Espinosa, quien criticó una propuesta que atribuyó a Estados Unidos para que el sector privado provea los recursos.
Asimismo, indicó que el país andino ratificará la propuesta planteada en la OPEP -de la que hace parte- sobre un impuesto a las transacciones de petróleo, que "pone el peso en el consumo", y a los flujos de capital, así como una flexibilización de las patentes para importar tecnología ecológica.
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