Santo Domingo. – La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) reafirmó su compromiso con la sostenibilidad y la ética corporativa durante el desayuno–conferencia “Responsabilidad ambiental y el rol del sector empresarial ante el nuevo Código Penal”, encabezado por la magistrada Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional.
El encuentro abordó los alcances del nuevo Código Penal Dominicano en materia ambiental, destacando que la protección de los recursos naturales pasa a ser una obligación legal que exige a las empresas actuar bajo los más altos estándares de cumplimiento y responsabilidad.
Un nuevo paradigma empresarial
La presidenta interina del consejo directivo de Ecored, Christy Luciano, señaló que el desarrollo empresarial y la protección del medio ambiente no son caminos opuestos, sino rutas complementarias hacia un futuro verdaderamente sostenible.
Luciano explicó que la entrada en vigor del nuevo Código Penal —con disposiciones específicas sobre delitos ambientales— marca un hito en la evolución del marco legal dominicano, y convierte la actuación ambiental responsable en un pilar esencial de la gestión empresarial.
“Más allá del cumplimiento, este cambio representa una oportunidad para fortalecer la gestión de riesgos ambientales, mejorar la gobernanza corporativa y proteger la reputación de nuestras organizaciones”, enfatizó.
Asimismo, resaltó que la sostenibilidad debe ser entendida como un componente clave del valor empresarial.
“Hoy, más que nunca, la sostenibilidad protege la confianza de los consumidores, inversionistas y comunidades”, precisó.
Luciano instó a las empresas a adoptar una visión más profunda y transformadora, alineada con la “economía del cuidado y la regeneración”, que no solo evite el daño ambiental, sino que restaure, proteja y devuelva valor al entorno.
“El éxito de los negocios debe medirse por el bienestar que generamos para las personas, las comunidades y los ecosistemas”, subrayó.
La responsabilidad ambiental
Durante su ponencia, la fiscal Rosalba Ramos explicó que la Ley 74-25, que moderniza el Código Penal, refuerza el régimen sancionador frente a los delitos ambientales, estableciendo que las empresas que dañen el entorno ya no solo enfrentan sanciones administrativas, sino también procesos penales directos, con multas millonarias, suspensión de operaciones o clausura definitiva.
Ramos recordó que este nuevo marco jurídico coexiste con la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que consagra el principio de que “quien contamina paga”, tipificando como delitos la contaminación de agua, aire y suelos, la tala ilegal, el daño a áreas protegidas y el fraude en permisos ambientales.
Los artículos 174, 175 y 176 establecen responsabilidades tanto para personas físicas como jurídicas, con sanciones que pueden alcanzar hasta 20 mil salarios mínimos, además de responsabilidades penales para directivos que autoricen o toleren prácticas contaminantes.
“El empresariado debe abandonar la visión de que el medio ambiente es un problema exclusivo del Estado”, advirtió Ramos. “La responsabilidad ambiental debe integrarse en la misión corporativa, abarcando la prevención de riesgos, el manejo adecuado de residuos, el control de emisiones y la reparación del daño causado”.
La fiscal subrayó la relevancia de contar con oficiales de cumplimiento ambiental y programas formales de prevención penal, los cuales incluyan mapeo de riesgos, códigos de ética, auditorías ambientales, canales de denuncia y trazabilidad de residuos.
Según Ramos, estas herramientas no solo reducen la probabilidad de sanciones, sino que pueden atenuar la responsabilidad penal al demostrar diligencia debida.
Concluyó destacando que la adaptación a este nuevo marco legal no es un lujo regulatorio, sino una condición de competitividad y sostenibilidad real, en un entorno global donde los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) definen la reputación y el futuro de las empresas.
Etiquetas
