Invertir la mayor parte de los recursos económicos del Estado en infraestructura —obras palpables como pueden serlo un puente, una carretera o complejos habitacionales—, como se le atribuye a Joaquín Balaguer haberlo hecho durante sus mandatos, o acogerse a la idea de que no puede haber desarrollo si no se invierte en la gente, parece una disyuntiva por la que deben decantarse los gobernantes dominicanos.
Desde un punto de vista doctrinario, las inversiones en infraestructura son combustible para el crecimiento económico. Cuando los recursos son orientados de manera preferente por la vía de la educación, la salud y el entrenamiento, se le estaría dando prioridad al desarrollo humano, una forma de invertir en la gente.
Es el “ser o no ser” de la economía y la política dominicanas, que con regularidad son ventilados en las academias y en los medios de comunicación por parte de los entendidos en estos asuntos, que suelen ser los economistas.
Junto con la disyuntiva sobre qué priorizar, entre crecimiento y desarrollo, tienen lugar las manifestaciones de un Estado asistencialista que orienta montos excepcionales de recursos destinados a cubrir necesidades básicas de grupos vulnerables.
Una de las agencias dedicadas a la asistencia social, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, estrechamente ligada al Ministerio de Educación, extiende cada día por todo el país una cantidad impresionante de recursos en asistencia alimentaria.
Esta es otra de las formas de invertir en la gente por vía de la educación.
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