SANTO DOMINGO.-El Gobierno reconoció este jueves que las muertes violentas durante el pasado 2008 remontaron casi a los mismos niveles que el 2005 cuanso se inició el Plan de Seguridad Democrática.
Al evaluar la evolución de la tasa de muertes violentas desde el inicio del Plan de Seguridad Democrática a partir de las estadísticas de la Procuraduría General de la República, el estudio revela que en 2005 año que inicia el Plan- se registraron 2,403 muertes violentas, lo que equivale a una tasa de 26.4 muertes por cada 100,000 habitantes.
En 2006 las muertes violentas se redujeron a 2,144, para una tasa de 23.6; en 2007 las muertes fueron 2,111, para una tasa de 22.1, pero en los primeros nueve meses de 2008 se registraban 1,807 muertes para una tasa de 25.3, muy cercanas a los niveles de 2005 cuando se inició el Plan de Seguridad Democrática.
De acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo , la República Dominicana ha logrado reducir moderadamente el índice de criminalidad desde 2005, año en que se inició el Plan de Seguridad Democrática, pero las tasas de homicidios continúan en niveles epidémicos para los organismos internacionales, según los resultados de un estudio realizado por la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPyD).
La investigación sobre Seguridad Ciudadana en la República Dominicana, desafíos y propuestas de política, realizada por Leopoldo Artiles, de la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social de la SEEPyD, sugiere disponer de estudios y seguimiento de los indicadores de seguridad y reforzar el carácter preventivo de la política de seguridad.
Asimismo, propone analizar a fondo la percepción de ineficacia e incapacidad que tiene la población acerca de la Policía Nacional, que en ocasiones llega a una percepción de complicidad de la Policía con los autores de los delitos, según la encuesta de ENHOGAR 2005.
Señala que si se toma como referencia la encuesta de Latinobarómetro del año 2007, el 75% de la población temía ser victimizada en ese año, lo que a su juicio puede interpretarse como una evidencia de percepción de alta inseguridad ciudadana.
Advierte que el Plan de Seguridad Democrática que aplica el gobierno no se puede reducir a la contención de la delincuencia mediante la fuerza policial, sino que hay que hacer énfasis en políticas sociales que fomenten la prevención del delito.
El estudio, según una nota de la Unidad de Comunicaciones de la SEEPyD, aconsejó fortalecer los programas educativos y otras políticas sectoriales para facilitar la adquisición de viviendas, construcción de instalaciones deportivas, formación técnica y vocacional para jóvenes, lo que a su juicio contribuiría a prevenir carreras criminales o ponerles fin a las iniciadas.
Artiles estima que las políticas de hacer énfasis en la represión policial o aplicación de mano dura, además de vulnerar los imperativos del Estado de derecho en una nación democrática, han probado que no disminuyen la criminalidad, por lo que lo más eficaz es disciplinar civilizadamente a la población para vivenciar y resolver los conflictos y carencias por las vías institucionales aprobadas.
Citó que desde el año 2001, el predominio de políticas de mano dura condujo a mayores intervenciones en barrios populares, con vigilancia, redadas, operaciones sorpresivas de las Fuerzas Armadas y de la Policía, registro de vehículos en busca de armas o evidencias delictivas, pero estas acciones no aminoraron la fuerte percepción de incremento de la criminalidad y la delincuencia callejeras, afectando sensiblemente el sentimiento de seguridad pública.
La estrategia policíaca basada en la represión (o contención) de los delincuentes ha resultado ser limitada y su eficacia de muy corto plazo en términos de efectividad, señala el estudio.
Expresa que el Plan de Seguridad Democrática impulsado por el gobierno desde el 29 de abril de 2005 con la emisión del Decreto 263-05 y luego con una serie de decisiones, el país cuenta con un conjunto de políticas que incorpora la combinación de todos los enfoques científicos para abordar y resolver el fenómeno de la criminalidad.
Empero, deplora que la aplicación del conjunto de políticas no tenga la misma proyección que ha tenido el componente Programa Barrios Seguros, el que a su juicio, la población percibe como la totalidad de la política de seguridad ciudadana.
Artiles considera que un elemento objetivo que dificulta la eficacia del Plan de Seguridad Democrática es la mutua desconfianza que existe entre la Policía Nacional y los ciudadanos residentes en los barrios más afectados por la violencia.
Explica que mientras los ciudadanos consideran que la Policía es deficiente, violadora de los derechos humanos, corrupta y asociada con los delincuentes, los policías a su vez expresan que los ciudadanos son apáticos, encubridores y temerosos de denunciar a los delincuentes.
Ante ese grado de desconfianza manifiesta, Artiles apunta que es necesario utilizar figuras mediadoras aceptadas por ambas partes en los proyectos de intervención para lograr la cooperación de las mismas.
Cita el estudio ENHOGAR 2005 en que el hallazgo determinante es que el 67.9% de los ciudadanos se siente insatisfecho con la labor que realiza la Policía ante la denuncia del robo de vehículos, frente al 30% que se siente satisfecho.
