La falta de un régimen de consecuencias para las violaciones a normas electorales afecta los resultados y genera grandes conflictos. La usencia de una autoridad que evite que cojan a uno de pendejo, hace que la gente resuelva por sí misma.

Hace más de 20 años que la legislación dominicana, en el artículo 170 de la Ley Electoral 275-97 (vieja) planteaba que los tribunales penales estaban encargados de juzgar las infracciones electorales, cuya persecución correspondía al Ministerio Público. Papel, papel, papel y un poquito de tinta, pero no más de ahí.

Según tengo memoria (quizás estoy equivocado), no conozco un solo caso en el cual alguien haya sido condenado (cárcel y multas) por comprar votos, comprar cédulas, alterar actas, etc. De lo que sí puedo dar fe es que no ha habido un solo proceso electoral en que no haya habido mucho de eso.

Por su lado, la nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral 15-19, en su artículo 289, crea la Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales (fiscal electoral). Siendo ahora el Tribunal Superior Electoral el encargado de juzgar.

Pero a más de ocho meses de haber entrado en vigencia esa ley, la fiscalía electoral no es ni siquiera un proyecto en la agenda de la Procuraduría General de la República. Otra vez… Papel, papel, papel y un poco de tinta. Mientras en las calles, en cada elección, corre sangre por su ausencia.

Ojalá digan pronto, y con garantía, quién y cómo se encargará de impedir y perseguir las violaciones electorales, y así evitar que las “partes interesadas” tomen en sus manos (literalmente) la tarea de enfrentar los crímenes y delitos electorales.