Santo Domingo, RD.- El profesor Miguel Ángel Fernández, vicepresidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, llamó con firmeza al Ministerio de Educación (MINERD) y a su titular Luis Miguel De Camps a asumir con responsabilidad y urgencia una revisión profunda del modelo de Evaluación del Desempeño Docente (EDD), reclamando que este proceso deje de ser un mecanismo de presión y castigo contra el magisterio para convertirse en una herramienta de desarrollo profesional, justicia y dignificación de la carrera docente.
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Fernández sostuvo que lo que ha ocurrido con la evaluación del desempeño en los últimos años ha sido una verdadera distorsión de su propósito original. En lugar de servir como una oportunidad para el crecimiento profesional y la mejora de la calidad educativa, se ha convertido en un instrumento punitivo, un medio de chantaje y control, generador de angustia, estrés y desconfianza en las escuelas públicas del país.
“La evaluación de desempeño docente se ha corrompido hasta convertirse en un medio de chantaje al magisterio. Es una fuente de angustia, estrés y manipulación, que ha distorsionado su sentido educativo y ético. Ya no mide desempeño, sino obediencia”, afirmó Fernández, señalando que este proceso ha sido reducido a una maquinaria burocrática que descarga sobre el maestro todas las deficiencias del sistema educativo.
El dirigente magisterial cuestionó que mientras se exige al docente someterse a evaluaciones rigurosas, el propio Ministerio no se somete al escrutinio de su gestión, ni se evalúan los factores estructurales que realmente determinan la calidad educativa. En ese sentido, recordó que el artículo 59 de la Ley General de Educaciónestablece trece parámetros fundamentales de evaluación, que incluyen la coherencia entre los fines educativos y los resultados, la calidad de los procesos administrativos, la inversión pública, la pertinencia de los programas y los materiales didácticos, las condiciones físicas de los centros educativos y el compromiso de la familia y la comunidad en el proceso educativo.
“¿Por qué no se evalúa todo? ¿Por qué solo se pone la lupa sobre los docentes? Los evaluadores no resisten ser evaluados. La educación no puede seguir reducida a un expediente punitivo contra el maestro”, expresó.
Manifestó que el país necesita una Evaluación de Desempeño Docente de carácter diagnóstica y formativa, centrada en identificar las necesidades reales de formación, acompañamiento y mejora profesional del magisterio. Sostuvo que este enfoque permitiría planificar políticas educativas más efectivas y destinar los recursos a programas de impacto directo en las aulas, en lugar de seguir financiando proyectos y diplomados sin sentido, ejecutados por universidades, fundaciones y entidades privadas sin conexión con las verdaderas necesidades de la escuela pública.
“El MINERD debe cesar el vicio de convertir la nómina docente en matrícula universitaria. Hay que acabar con los programas inventados solo para financiar oferentes privados, que nada aportan a la escuela y mucho ganan del presupuesto nacional. La formación docente debe nacer de diagnósticos reales, no del negocio de la educación”, aseveró.
Insistió en que la evaluación docente no puede seguir vinculada al incentivo salarial ni al castigo económico. Asimismo, propuso crear nuevas áreas de incentivos y compensaciones dignas, desvinculadas del modelo de evaluación actual, que reconozcan las múltiples dimensiones del trabajo docente. Entre las propuestas citó la creación de un salario profesional base que cubra la canasta básica y la canasta cultural del maestro, permitiendo el acceso a bienes culturales, libros, tecnología, internet, recreación y desarrollo profesional. Además, planteó incentivos como becas universitarias para los hijos de los docentes, estímulos a la investigación pedagógica, innovación y liderazgo social y comunitario, así como la institucionalización de un año sabático y un sueldo 14 para el descanso digno del maestro.
Asimismo, Fernández propuso que el salario docente quede exento del Impuesto Sobre la Renta (ISR), argumentando que no puede considerarse una renta sino un ingreso vital. “El salario del maestro no es renta, es sal y agua. Si el Estado le deja cada año más de 300 mil millones de pesos a las grandes corporaciones a través de exenciones fiscales, ¿por qué no liberar del ISR a quienes educan al pueblo dominicano?”, cuestionó.
El dirigente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte también abogó por compensaciones justas para los docentes que trabajan en condiciones adversas o con sacrificios adicionales. Señaló que quienes laboran a decenas de kilómetros de sus hogares deben recibir compensaciones por distancia y transporte, así como aquellos que imparten docencia en zonas de difícil acceso, de riesgo o en territorios turísticos donde el costo de vida es más alto. “El docente no puede financiar al MINERD con su propio salario. Cada kilómetro recorrido, cada hora extra dedicada, cada riesgo asumido debe ser reconocido y compensado”, enfatizó.
Miguel Ángel Fernández llamó al ministro Luis Miguel De Camps a actuar con responsabilidad y sentido ético, garantizando que el proceso de evaluación en curso se realice con celeridad, transparencia y confianza, conforme a los principios establecidos en el Estatuto del Docente, que ordena criterios de objetividad, participación, pertinencia y confiabilidad. Dijo que es imprescindible poner los papeles sobre la mesa, aclarar los procedimientos y garantizar que esta sea la última evaluación punitiva en la historia del sistema educativo dominicano.
“La próxima Evaluación del Desempeño debe ser diagnóstica y formativa, para acompañar y no castigar; para mejorar y no intimidar. Que el MINERD construya confianza y deje de improvisar con el futuro del magisterio nacional. Es hora de que la evaluación deje de ser un arma y se convierta en una herramienta de dignificación”, concluyó.
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