Diputados favorecen sanciones a maestros que falten a clases, pero llaman al diálogo con la ADP
Santo Domingo.- Diputados de distintas bancadas expresaron este lunes respaldo parcial o total a una propuesta de resolución legislativa que busca instruir al Ministerio de Educación (Minerd) a descontar salarios a los maestros que se ausenten de las aulas por causas injustificadas, incluyendo la participación en paros y huelgas, aunque algunos legisladores consideraron que antes debe privilegiarse el diálogo con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
La iniciativa, sometida por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Duarte, Nicolás Hidalgo, también plantea la implementación de un sistema nacional de control de asistencia electrónica para el personal docente de los centros educativos públicos y privados.
Uno de los legisladores consultados consideró que la medida no resolverá por sí sola los problemas del sistema educativo, aunque entiende que enviaría una señal importante.
“Eso no va a ser la solución, pero es una señal. De verdad es un crimen que profesores duren una semana o diez días sin ir a dar clases”, sostuvo.
El congresista manifestó preocupación por las consecuencias que tienen las interrupciones de la docencia sobre el aprendizaje de los estudiantes y llamó a los maestros y a la dirigencia de la ADP a reflexionar sobre el impacto de las ausencias.
A su juicio, la pérdida de continuidad en las clases termina afectando el desempeño de los alumnos cuando ingresan a la universidad o a programas de formación técnica.
No obstante, señaló que antes de aplicar medidas sancionadoras considera necesario que exista un entendimiento entre el Ministerio de Educación y el gremio magisterial.
“Yo lo apoyaría, pero antes considero que el profesor y el ministerio deben llegar a entendimientos claros y precisos”, expresó.
A su vez, la diputada Soraya Suárez defendió la posibilidad de descontar salarios a quienes se ausenten sin justificación, argumentando que se trata de un principio que también se aplica a otros servidores públicos.
“A sus labores se les descuenta si no tienen razones justificadas. Aquí vemos los diputados cuando no venimos a sesión; no hacemos paga. Tenemos que estar claros en eso”, afirmó.
La legisladora sostuvo que la educación dominicana requiere cambios profundos y consideró que la propuesta constituye un mecanismo para llamar la atención sobre una problemática que afecta directamente a los estudiantes.
“Quien no hace su trabajo un día y no tiene una razón justificada debe ser sancionado”, indicó.
Suárez también cuestionó que las manifestaciones gremiales se realicen durante los días de docencia, al entender que ello entra en conflicto con el derecho de los estudiantes a recibir clases.
“¿Por qué tienen que ser los días laborables las protestas? Quizás tengan razón en alguna que otra protesta, pero nadie tiene derecho a afectar el trabajo”, manifestó.
Al ser preguntada sobre si respaldaría la resolución cuando llegue al hemiciclo, respondió afirmativamente.
Otro diputado consultado dijo no haber estudiado todavía el contenido de la iniciativa, aunque adelantó que comparte el principio de que todo trabajador debe cumplir con sus responsabilidades.
“No he visto el proyecto, no conozco las interioridades del proyecto, pero si usted está en un trabajo debe cumplir con su deber”, expresó.
El legislador afirmó que el país debe elevar los estándares de calidad educativa y recordó que diversas evaluaciones internacionales han evidenciado debilidades en el sistema de enseñanza dominicano.
“Hay muchas deficiencias, muchas lagunas. Incluso las pruebas internacionales han demostrado que la educación pública tiene muchas deficiencias”, señaló.
Asimismo, consideró que criterios similares deberían aplicarse a otros sectores del Estado cuando las paralizaciones afecten servicios esenciales.
La propuesta de Nicolás Hidalgo sostiene que las ausencias injustificadas de docentes y la realización de paros y asambleas gremiales durante días laborables provocan retrasos en el calendario escolar, afectan el cumplimiento del currículo y vulneran el derecho constitucional de los estudiantes a recibir educación.
