Santo Domingo.– Los diputados aprobaron en primera lecturas el proyecto de ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública para realizar embargos y allanamientos.

Quien realice este tipo de proceso tendrá que estar acompañado de un juez y un fiscal para poder ejecutarlo.

Legisladores de diferentes partidos coincidieron en que esta ley acabará con el chantaje y los abusos por parte de los alguaciles, quienes se aparecen en hoteles y otros  lugares con una “banda de tigueres”, para perpetrar los embargos.

El objeto de la iniciativa es crear el marco regulatorio que permita a los actores del sistema judicial contar con disposiciones claras y precisas para el ejercicio de las vías de ejecución, y con ello conjurar los problemas que se escenifican de manera constante, altearan la paz pública y ponen en juego la integridad física y  dignidad de las personas, tanto de los perseguidos, de los ministeriales, como del personal que presta el auxilio de la fuerza pública que les acompaña.