Bloomberg News.-Una de las preguntas más intrigantes derivada del escándalo contable de Toshiba Corp. es la siguiente: ¿Dónde estaba el denunciante?
Los altos ejecutivos del conglomerado industrial japonés, que fabrica desde refrigeradores hasta reactores nucleares, inflaron las ganancias antes de impuestos por al menos 152,000 millones de yenes (1,200 millones de dólares) durante más de seis años, según un sondeo de contabilidad de terceros.
La revisión de los contadores y abogados, liderada por un ex investigador de la oficina del Fiscal del distrito de Tokio, citó malas prácticas contables “institucionales” y una cultura corporativa “en la que era imposible ir en contra de la voluntad del jefe”.
A pesar de que las fallas contables cubrieron un período de más de seis años, el escándalo recién salió a la luz en febrero después de que la Comisión de Vigilancia de Bolsa y Valores de Japón puso en marcha una investigación sobre la contabilidad de Toshiba en relación con los proyectos de infraestructura.
Según un informe de la agencia Kyodo News, una persona relacionada con Toshiba alertó a la comisión de valores. Toshiba no quiso hacer comentarios.
Japón tuvo vigente una ley de protección de los denunciantes durante más de una década, de acuerdo con Tatsuhiko Kamiyama, socio de la firma de abogados Clifford Chance en Tokio.
Si bien Kamiyama cree que la ley es buena, dijo que es difícil encontrar funcionarios corporativos con información privilegiada dispuestos a salir al público con pruebas incriminatorias.
“La gente en esta sociedad tiene un gran lealtad a su organización”, dijo Kamiyama.
“Así que incluso si la empresa está haciendo algo mal, existe una fuerte inseguridad de las personas para acusar a su propio empleador”.
Comportamiento poco ético
Yukiko Miki, jefe de Access-Info Clearinghouse Japan, que supervisa las leyes de acceso de información en el país, dijo que la ley de protección de los denunciantes “básicamente clasifica la información filtrada como digna de protección en función de si se refiere a asuntos del código penal”.
Eso significa que la información sobre el comportamiento poco ético podría no ser cubierta.
La actitud de las empresas y los gobiernos locales, dijo Miki, “no es observar la información y tratar de mejorar las cosas, sino simplemente ver si tienen obligaciones legales”.
Cuando la filtración de la información es vista como perjudicial para la seguridad nacional, Japón se encuentra prácticamente en línea con los Estados Unidos.
En 2013, Japón promulgó una ley de secretos de Estado endureciendo las sanciones por filtraciones, a pesar de la oposición por parte de los medios de comunicación y de los abogados preocupados por el impacto en la libertad de expresión.
Sin embargo, Lawrence Repeta, profesor de derecho en la Universidad de Meiji, dijo que Japón acusa un retraso cuando se trata de luchar contra el fraude corporativo y que el país debería centrar más la responsabilidad sobre los ejecutivos de la compañía y los auditores para controlar el mal comportamiento.
“Necesitamos leyes como la de Sarbanes-Oxley”, dijo Repeta, en referencia a la ley aprobada en 2002 que endureció las normas contables y las sanciones a raíz de los escándalos financieros de Enron, Tyco y WorldCom.
“Hay una cuestión cultural, una cuestión jurídica y otra cuestión que acompaña a ambas cosas -la idea de la responsabilidad”, dijo.
