Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, mejor conocida como Digesett (antigua Amet), mantiene la práctica de retener vehículos pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional determinó que esa acción era contraria a la Constitución y, por tanto, ordenaba el cese de esa práctica.

Es decir, la Digesett se mantiene en desacato de esa decisión del Tribunal Constitucional, cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio.

Ante la queja de ciudadanos que se sienten vulnerados en sus derechos por ese desacato de la Digesett , el Defensor del Pueblo decide hacer un descenso al denominado “Centro de Retención de Vehículos”, mejor conocido como “El Canódromo”, acogiéndose a un mandato de la Ley 19-01 que establece los alcances del mandato constitucional de ese funcionario.
Nueva vez la Digesett decide desacatar una ley que dispone en su artículo tercero que el Defensor del Pueblo puede hacer inspección en oficinas públicas sin necesidad de notificación previa.

No solo desacata las leyes, sino que agrede al Defensor del Pueblo y al personal autorizado e identificado que lo acompañaba.

Para completar el cuadro, los agentes actuantes también agreden a los periodistas que cubrían el suceso y le retienen el equipo fotográfico, situación que se mantenía al momento de escribir este editorial.
El cúmulo de violaciones son enormes.

La Sociedad Dominicana de Diarios se pronunció y también se puso al tanto a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Las autoridades tienen la obligación de acatar las leyes y no tienen la opción de ignorarlas o simplemente aplicarlas cuando lo estimen conveniente.