Dictan prisión preventiva a presunto cabecilla de red de armas y drogas
- A los demás imputados impusieron garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica
Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra dos de los implicados en una presunta red criminal dedicada al tráfico, comercialización y venta ilegal de armas de fuego y drogas. Asimismo, declaró complejo el proceso judicial.
Los imputados enviados a prisión son Juan Francisco Morel Díaz (Arismendy o Bobi), señalado por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de la estructura criminal, y Wilson Manuel Abreu Disla (Wilson). Ambos cumplirán la medida en la cárcel pública Juana Núñez, de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.
En tanto, a los demás imputados se les impusieron medidas consistentes en garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
A José Luis Vignieri Rodríguez (Luisito Vignieri) y Brian Vignieri Dilone se les impuso una garantía económica de RD$1,000,000 mediante contrato e impedimento de salida.
Por su parte, Edwin Fausto Veloz Almánzar (Momo) deberá presentar una garantía económica de RD$100,000 mediante contrato, además de cumplir presentación periódica e impedimento de salida.
A Henry Miguel Ángel Paulino Marmolejos se le impuso una garantía económica de RD$250,000 mediante contrato. Mientras que José Vidal Pérez Mercado (Jochi) deberá pagar una garantía económica de RD$100,000 mediante contrato. Ambos también deberán cumplir presentación periódica e impedimento de salida del país.
Carlos José María Henríquez Valdez deberá cumplir presentación periódica e impedimento de salida, mientras que Edward Francisco Tejada Fernández solo deberá cumplir presentación periódica.
Asimismo, Pablo Sánchez Arnau (Alemán) deberá presentar una garantía económica de RD$400,000 mediante contrato, además de presentación periódica e impedimento de salida. En tanto, Joel Rafael González Martínez deberá presentar una garantía económica de RD$200,000 mediante contrato, presentación periódica e impedimento de salida.
El imputado Brayan Jesús Gil Pérez permanece en prisión desde diciembre de 2025, tras ser arrestado el día 3 de ese mismo mes.
Jonathan Orlando Carela Montilla, le impusieron el pago de una garantía económica de RD$100 mil mediante contrato, presentación periódica e impedimento de salida.
Relato fáctico de la solicitud de medida de coerción
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los implicados formaban parte de una organización criminal dedicada al tráfico de armas de alto calibre, las cuales eran introducidas clandestinamente al territorio dominicano para su comercialización ilegal en distintos puntos del país y para abastecer algunas armerías.
Las autoridades ocuparon a Brayan Jesús Gil Pérez cinco pistolas calibre 9 milímetros de diferentes marcas dentro de una mochila. Tras profundizar la investigación, determinaron su presunta vinculación con una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de armas de fuego y sustancias narcóticas.
Posteriormente, el imputado manifestó a las autoridades que las armas le fueron entregadas por instrucciones de José Vidal Pérez Mercado (Jochi), quien habría coordinado el traslado del armamento para ser entregado a Jonathan Orlando Carela Montilla, residente en el sector Capotillo.
Mediante labores de inteligencia e interceptaciones telefónicas autorizadas por orden judicial, las autoridades lograron individualizar la participación de varios investigados dentro de la presunta red criminal dedicada al tráfico, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego y sus accesorios, introducidos clandestinamente al país.
Según el expediente, Juan Francisco Morel Díaz (Bobi) coordinaba la venta de armas de fuego ilegales junto a Joel Rafael González Martínez, Pablo Sánchez Arnau (Alemán) y Carlos José María Henríquez Valdez, además de mantener contacto con diversos usuarios de líneas telefónicas bajo investigación.
A través de las interceptaciones telefónicas de José Vidal Pérez Mercado (Jochi), las autoridades identificaron presuntas transacciones ilícitas con Wilson Manuel Abreu Disla, Carlos José María Henríquez Valdez, Edward Francisco Tejada Fernández y otras personas identificadas como Amauris, Armando y Caquito Chivo.
En otra conversación interceptada, Edwin Fausto Veloz Almánzar (Momo) habría proferido amenazas de muerte al expresar que “a esa gente había que matarla”.
Asimismo, en comunicaciones entre Edwin Fausto Veloz Almánzar (Momo) y Wilson Manuel Abreu Disla se evidenciaron coordinaciones para la venta de armas con José Antonio Beato Gómez, José Luis Vignieri Rodríguez (Luisito Vignieri) y una línea telefónica aún no identificada.
Las investigaciones también revelaron que, mediante la línea telefónica de Carlos José María Henríquez Valdez, se registraron comunicaciones relacionadas con la distribución de armas junto a Frandy Henríquez Brito, José Ángel Santana Cruceta (El Físico) y Juan Francisco Morel Díaz (Arismendy o Bobi).
En una de las conversaciones, Morel Díaz se comunicó con Joel Rafael González Martínez para gestionar la entrega de una pistola marca Ruger. González Martínez indicó que el arma debía ser retirada porque no la tenía en su residencia, fijando un precio de RD$85,000.
Asimismo, acordaron la venta de otra arma, denominada “la pinta”, por RD$56,000, luego de discutir pérdidas previas en la venta de una pistola Smith & Wesson. En la misma llamada, coordinaron el cobro de una deuda de RD$5,000 derivada de otra transacción de armas, mencionando que el deudor se encontraba en la zona fronteriza con Haití realizando operaciones de transporte.
El expediente también establece que Juan Francisco Morel Díaz coordinó la movilización de un vehículo para facilitar la disponibilidad de una pistola marca Taurus para un cliente interesado. Al no disponer de esta, ofreció una pistola tipo Glock de cuarta generación (G4), dejando la venta sujeta al precio final.
En otra comunicación, una persona informó a Morel Díaz que una armería requería una pistola Smith & Wesson reforzada, ofreciendo RD$45,000, mientras que su interlocutor sugirió aumentar el precio a RD$55,000.
También sostuvo conversaciones con José Alfredo Ovalle sobre la disponibilidad de armas con documentación legal transferible, mencionando marcas como Smith & Wesson, Beretta y Browning. Ante el interés de Ovalle por una Browning, coordinó con un tercero para mostrarle el arma al comprador.
Allanamientos y evidencias ocupadas
El Ministerio Público, junto a agentes policiales, ejecutó once allanamientos en las residencias de los imputados Juan Francisco Morel Díaz (Arismendy o Bobi), Wilson Manuel Abreu Disla, Henry Miguel Ángel Paulino Marmolejos, José Vidal Pérez Mercado (Jochi), Carlos José María Henríquez Valdez, Edward Francisco Tejada Fernández, José Luis Vignieri Rodríguez (Luisito Vignieri), Edwin Fausto Veloz Almánzar (Momo), Jonathan Orlando Carela Montilla, Pablo Sánchez Arnau (Alemán) y Joel Rafael González Martínez.
El órgano acusador solicita prisión preventiva por la presunta comisión de asociación de malhechores, tráfico, comercialización y distribución ilegal de armas de fuego y sustancias controladas.
Las interceptaciones telefónicas permitieron la ocupación de un importante arsenal compuesto por armas cortas y largas, municiones de distintos calibres, cargadores, accesorios tácticos y otros objetos vinculados al tráfico ilícito.
Entre las evidencias ocupadas figuran pistolas, revólveres, una escopeta calibre 12, piezas y partes de fusiles, cientos de municiones de uso civil y militar, cargadores de alta capacidad, miras telescópicas, chalecos antibalas y otros pertrechos militares.
Según el Ministerio Público, gran parte del arsenal ocupado carecía de licencias o registros legales y presentaba características de uso exclusivo militar, incompatibles con la tenencia legítima por parte de civiles.
Durante los allanamientos realizados a Jonathan Orlando Carela Montilla, las autoridades también ocuparon una mochila que contenía porciones de cocaína y marihuana.
Además, fueron incautados dispositivos electrónicos, registros de transacciones de armas, elevadas sumas de dinero en efectivo y varios vehículos presuntamente utilizados por la organización criminal.
Las autoridades profundizan las investigaciones del caso para identificar otros posibles implicados
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
