La pretensión de meter preso a quien critica a la clase política, actitud reafirmada incluso por voceros legislativos de las dos principales fuerzas políticas, es la verdadera amenaza de la instauración de una dictadura por la que atraviesa la República Dominicana.

El peligro no pende exclusivamente sobre los medios periodísticos o sobre los periodistas, sino sobre todos los ciudadanos, que quedan a expensas de que algún político quiera someterlos por haber hecho algún comentario que entienda es negativo.

Decirle corrupto a un corrupto es un delito, según las leyes aprobadas por un Congreso al que le seduce la mordaza.

El liderazgo político, sobre cuyos hombros descansa la mayor responsabilidad de consolidar un Estado democrático y de derechos, ha sido pasivo frente a esa corriente autoritaria impulsada por algunos congresistas y aceptada con beneplácito por los otros.

Son leyes inconstitucionales y es seguro que serán declaradas como tales por el Tribunal Constitucional y por todos los organismos internacionales a los que estamos suscritos.

Pero el simple hecho de que el Congreso las haya aprobado, aunque luego queden sin efecto, demuestra la vocación antidemocrática de esos miembros del Poder Legislativo, casualmente el llamado a ser el mayor garante de la democracia.

Queremos dejar suficientemente claro que las leyes aprobadas por esos señores políticos en los últimos meses no son para castigar la difamación o la injuria, que ya están penalizadas en el Código Penal.

Lo que buscan es meter preso a quien los critique o haga algún comentario negativo en su contra, aunque esté sustentado en la verdad o la razón.

En otras palabras, intentan amordazar a la población, que tendrá que mantenerse muda ante los desmanes de la clase política, a menos que se quiera correr el riesgo de caer preso.