En seguridad y defensa, los datos no se interpretan; se interrogan y, cuando se someten a un análisis serio, muchas veces revelan más por lo que ocultan que por lo que muestran.
Eso ocurre con las cifras y titulares sobre la incautación y la destrucción de armas presentados por el Ministerio del Interior y la Policía. La semana pasada se anunció la destrucción de 14.699 armas para este mes de abril; la cifra es correcta.
El problema no es el número, sino lo que nos quieren hacer creer con el titular. Cuando se descompone el dato, la realidad es otra: solo 2.268 (15,4%) eran armas de fuego, mientras que 12.431 eran armas blancas. Esto no es un detalle técnico; es la diferencia entre informar y construir una narrativa.
Porque en la República Dominicana —según registros oficiales— más del 70% de los homicidios y de las personas heridas se producen con armas de fuego. Por tanto, el impacto real sobre la violencia armada no se mide por 14.699 armas, sino por las 2.268 armas de fuego efectivamente destruidas.
Todo lo demás amplifica el número, pero no el resultado; es aquí donde comienza la parte que no se explica. Las armas destruidas no corresponden únicamente a operativos recientes. Son el resultado de un proceso acumulado: incautaciones de meses o años, retenidas por procedimientos judiciales y administrativos.
Es decir, lo que se presenta como un logro inmediato es, en realidad, la salida de un inventario acumulado. Mientras tanto, el flujo continúa y el propio sistema reporta que se incautan alrededor de 15 armas ilegales al día.
No estamos hablando de un problema que se ha frenado, sino de un fenómeno activo. Un fenómeno que no se detiene con un acto de destrucción que representa el 84,6% de las armas blancas. Pero además existe otro elemento que debe indicarse con claridad: en jornadas anteriores de destrucción de armas, las cifras han incluido piezas de armas y cargadores, lo que altera la unidad de medición.
Esto no invalida la acción, por supuesto, pero sí exige rigor al interpretar los datos. Aquí no se trata de negar lo que se hace; se trata de decir lo que falta y aclarar las cifras. Quienes conocemos la realidad de las cifras sabemos que destruir armas es necesario, pero no basta.
Si el flujo de armas ilegales continúa, el problema no se reduce: se administra y esto es lo que hemos observado durante estos últimos años. No es cuestión de presentar una alta capacidad de incautación de armas para la prensa; es estar conscientes de que las armas de fuego son las principales causantes de muertes; por ello, el Estado debe lograr reducir de manera sostenida la circulación de armas en las calles. Y los datos —leídos correctamente— no permiten afirmar que eso esté ocurriendo.
El país necesita algo más que operativos y titulares: una política de seguridad con control real del flujo de armas, trazabilidad efectiva y resultados sostenidos a lo largo del tiempo. Porque la seguridad ciudadana no se explica, se garantiza,
Sobre el autor
La Dra. Josefina Reynoso Chicón es experta en seguridad y defensa, mención política Estratégica y directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE).
leídas
