Inverosímil resulta el desprecio que muestra la administración gubernamental del Partido Revolucionario Moderno (PRM) hacia el Sistema de Partidos Políticos de la República Dominicana que, a pesar de algunas falencias, históricamente ha jugado un rol preponderante en la preservación de la democracia.
Llama la atención que el Gobierno tenga en curso un segundo recorte del financiamiento a los partidos, una acción sin precedentes desde que instauró esa modalidad en la década de 1990, cuando lo que debería es dar explicaciones a la sociedad del manejo inadecuado del presupuesto nacional. En este punto, destacan usos exorbitantes en la publicidad estatal y la asignación de cuestionadas pensiones especiales dispuesta por el Poder Ejecutivo.
Hasta la Junta Central Electoral (JCE) tuvo que pronunciarse a través de un documento público, en el que refiere que la Ley 20-23 del Régimen Electoral establece que, en años no electorales, como el cursante, el financiamiento debe equivaler al 0.25 % de los ingresos nacionales. Sin embargo, señaló que el presupuesto aprobado ya redujo esa asignación al 0.12 %, por lo que una nueva disminución afectaría la planificación operativa, financiera y logística de las organizaciones políticas. El órgano electoral advierte, además, que una reducción adicional podría impactar principios fundamentales como la equidad electoral, la transparencia, la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema democrático, haciendo un llamado a las autoridades a actuar conforme al marco constitucional y legal vigente.
Lo planteado por el órgano electoral es bastante serio para una sociedad democrática. En el país cuenta con un Sistema de Partidos, con rango constitucional, multipartidista de gran incidencia en la vida democrática, vinculante a la estabilidad y la paz social.
El ordenamiento jurídico-político se basa en organizaciones democráticas que luchan abiertamente por el control de los diversos estamentos del Estado. A partir de 1978, las elecciones ordinarias presidenciales, congresuales y municipales se han realizado con normalidad, a excepción de las celebradas en el año 1994, en que se denunció un fraude electoral que provocó el recorte del mandato del entonces presidente Joaquín Balaguer en dos años.
Desde la apertura democrática que se produjo con la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, en 1961, quien ejerció una férrea dictadura de 30 de años; el incremento de las agrupaciones políticas en el escenario ha sido constante. El ejercicio de la democracia es consustancial a la existencia de los partidos políticos, y viceversa. A mayor fortaleza del sistema de partidos políticos en una determinada sociedad, habrá más democracia, a partir de la suma de principios democráticos de libertad, igualdad, transparencia, participación y solidaridad.
Hay que tomar en cuenta que, sin un Sistema de Partidos Políticos funcional, no puede existir representación política, que es la consecuencia directa del derecho de elegir y de ser elegido, y para que la misma se verifique se va a requerir de la existencia de sistemas electorales. Existe democracia cuando los detentores del poder son elegidos popularmente por los ciudadanos en competencias libres y abiertas.
El ejercicio de ciudadanía se convierte en fuente de legitimación, tanto del sistema político como de sus líderes o dirigentes. A través de este ejercicio se verifica la participación política de las mayorías; posibilita procesos mediante los cuales se pueden encauzar los humores públicos y dirimir diferentes puntos de vista por vías pacíficas.
También ayuda a que los ciudadanos reconozcan su papel de sujetos activos en la esfera pública y la capacidad de control sobre las actuaciones de sus respectivos gobiernos.
El PRM gobernante debe repensar su desprecio hacia el Sistema de Partidos Políticos.
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