*Por Anny Guzmán
Denunciar es un derecho. Y, en materia de violencia de género, es además una herramienta esencial de protección. Pero cuando ese derecho se desnaturaliza, deja de ser un mecanismo de justicia y se convierte en un instrumento de distorsión.
Tal como dije en la columna anterior, el sistema está diseñado para prevenir, proteger y actuar con urgencia. Y debe ser así. Sin embargo, hay una distinción que no podemos seguir evitando hacer: cuándo una mujer busca protección real y cuándo busca manipular para ocultar sus verdaderos intereses, porque es ahí donde entramos en una zona de riesgo.
Cuando un sistema creado para proteger a víctimas reales comienza a ser utilizado estratégicamente en conflictos paralelos como divorcios, particiones de bienes, disputas sobre guarda, manutención de menores o dinámicas de poder, la justicia se resiente. No porque denunciar sea el problema, sino porque el uso que se hace de esa denuncia puede alterar su finalidad.
El resultado es peligroso. Un sistema que no distingue entre protección y manipulación termina fallando en ambas. Falla cuando no logra detectar el uso indebido. Y falla cuando, por acumulación o desgaste institucional, comienza a responder con menor sensibilidad frente a situaciones reales.
Como consecuencia, se corrompe el sistema de protección. Y, más grave aún, se debilita la credibilidad de quienes verdaderamente necesitan ser escuchadas.
La violencia de género no es un fenómeno menor ni aislado. Pero, precisamente por eso, no puede ser objeto de manipulación. Ahí es donde el rol del Ministerio Público y de los jueces es determinante.
No basta con procesar. Es necesario filtrar. Filtrar no significa obstaculizar el acceso a la justicia. Significa ejercer con responsabilidad el poder de decidir, valorar y diferenciar. Significa entender que proteger también implica preservar la legitimidad del sistema.
Medidas concretas ayudan: protocolos de evaluación temprana; criterios de análisis que, sin desconocer el principio de buena fe, eviten una validación acrítica de toda denuncia; procedimientos que protejan sin paralizar; y recursos que permitan una investigación rápida y efectiva.
Y es que la protección efectiva exige equilibrio. Un sistema verdaderamente sólido no es aquel que cree ciegamente ni aquel que desconfía automáticamente de toda denuncia. Es aquel que tiene la capacidad institucional de proteger con urgencia, investigar con responsabilidad y decidir con racionalidad.
Denunciar no puede ser un arma. Porque cuando lo es, deja de proteger a quien lo necesita y termina dañando todo el sistema.
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