Demandan investigación para descartar Punta Catalina esté causando muertes en Nizao

Demandan investigación para descartar Punta Catalina esté causando muertes en Nizao

Demandan investigación para descartar Punta Catalina esté causando muertes en Nizao

SANTO DOMINGO.– El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) solicitaron que el Ministerio de Salud Pública realice con carácter de urgencia una profunda y exhaustiva investigación para descartar que la contaminación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina esté causando numerosas muertes en la comunidad de Nizao, provincia Peravia.

Las organizaciones informaron que la Red de Monitoreo Comunitario de Nizao comprobó que desde el año pasado a la fecha han fallecido 60 personas en el hospital de ese municipio presumiblemente a causa de ataque agudo al miocardio.

Las entidades aseguraron que según el registro de este hospital, en el año 2020 murieron 45 personas por esta causa de un total de 52 fallecidos y en lo que transcurre del año 2021, otras 15 murieron por esa misma causa de un total de 25 fallecidos.

Observaron que produce alarma que en una población de apenas 13,240 habitantes, el 78% de los fallecimientos en el hospital entre ambos años, sea a causa de infarto agudo al miocardio.

Destacaron que en el 2020 las defunciones registradas por esta causa representan el 87% del total y en lo que va de este año ya alcanzan el 60% de todas las causas de muertes.

Comunicaron que también la Red de Monitoreo Comunitario de Nizao comprobó que en este año, se han producido tres muertes por leucemia en la comunidad, una de las cuales ocurrió en el hospital municipal.

“Esta situación no se puede considerar dentro de parámetros normales y por tanto se debe investigar sus posibles causas”, aseguraron.

Manifestaron que se debe realizar este estudio sin más demora, ya que a nivel mundial se ha establecido científicamente que las plantas de carbón para generar electricidad causan infartos cardio y cerebrovasculares así como diferentes tipos de cáncer, entre el que está la leucemia.

Explicaron que específicamente las emisiones áreas de gases ácidos y de microparticulas y las sustancias tóxicas que contienen las cenizas de carbón se ha comprobado a través de numerosos estudios efectuados en EUA, Europa, China, India y en otros países que provocan enfermedades respiratorias, infartos cardio y cerebrovasculares, cáncer del pulmón y de otros órganos, daños genéticos en los fetos, abortos, esterilidad masculina y disminución de la capacidad cognitiva de la infancia.

Recordaron que recientemente la Universidad de Duke, de Carolina del Norte, EUA, realizó un estudio de las cenizas de Punta Catalina, dictaminando su alta toxicidad tanto para la salud humana como para el medio ambiente.

“También tenemos el precedente de que en abril del año 2016, el Gobierno dominicano tuvo que pagar US$37 millones de dólares en indemnización a familias de Arroyo Barril como resultado de la demanda que incoaron ante el Tribunal de Delaware, EUA, por los daños causados en su salud por las cenizas de carbón, conocidas como rockash, traídas ilegalmente desde la planta de AES de Puerto Rico y depositadas en esa comunidad entre los años 2002 y 2004”, apuntaron.

Informaron que recientemente el Senado de Puerto Rico ordenó la realización de una investigación sobre los numerosos casos de cáncer y de otras enfermedades que durante los últimos veinte años se han registrado en Guayama y en otros municipios del Sur de la isla provocados por las cenizas de carbón de la planta de AES.

Indicaron que los riesgos de la población de Nizao de sufrir estas enfermedades están incrementados por la cercanía de la comunidad a la Central Termoeléctrica Punta Catalina y también por la forma totalmente inadecuada de manejar las cenizas de carbón que son arrojadas al aire libre.

Afirmaron que una inmensa montaña de cenizas tóxicas que crece cada día con mil 95 toneladas de estos residuos, está enclavada en medio de Nizao y Santana al Este, del batey San José, Catalina y Pizarrete al Norte, y de Paya, al Oeste, en un radio de menos de diez kilómetros.

Igualmente señalaron que desde septiembre del 2019, cuando comenzó a operar la primera unidad de Punta Catalina, se han sucedido eventos como incendios de caldera y emisiones de grandes humaredas que han aumentado el impacto de la contaminación aérea por la quema de 4 millones de toneladas de carbón al año.

Precisaron que durante los meses de marzo, abril y mayo de este año se produjo una situación muy crítica y peligrosa a causa de la formación de densas nubes de gases ácidos y de micropartículas a baja altura que se estacionaron desde Paya hasta la ciudad de Baní.

Advirtieron que estas nubes sumamente tóxicas pudieron haber causado masivas muertes prematuras de infantes y de envejecientes si hubieran permanecido estacionadas durante toda una noche.

“Aunque por suerte no ocurrió lo peor, eso no quiere decir que no causaran daños en la salud de las personas que respiraron el aire contaminado y que ahora se esté manifestando a través de diferentes dolencias”, aclararon.

Expusieron que la propia Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, admitió en la justificación de la licitación para adquirir 150 mil toneladas de cal importadas, que las emisiones de gases ácidos y de micropartículas de Punta Catalina han superado en ocasiones 40 veces todas las normas establecidas al respecto.

“Con un sospechoso tan peligroso como la Central Termoeléctrica Punta Catalina de vecino de Nizao, es preciso verificar si las muertes ocurridas a causa de ataques al corazón, no están vinculadas a la contaminación de estas plantas de carbón”, dijeron.

Plantearon que de comprobarse una relación directa entre la contaminación de Punta Catalina y estas muertes, las autoridades no pueden seguir posponiendo el cierre de esta central o su conversión a gas natural, y el traslado de las cenizas de carbón fuera de la provincia Peravia.

De igual forma expresaron que de comprobarse esta relación, las autoridades tendrían que asumir su responsabilidad y compensar e indemnizar a los afectados o a sus familiares en caso de que éstos hubieran fallecido.



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