Delegado de la Fuerza del Pueblo desmiente que reglamento de la JCE sobre encuestas responda a motivaciones políticas
Santo Domingo.- Javier Hubiera, delegado suplente de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral (JCE), afirmó que el reglamento sobre encuestas que prepara ese organismo no obedece a ninguna coyuntura política, sino que es un proceso que viene desarrollándose desde el año 2025.
Hubiera recordó que en julio de ese año se celebró una audiencia pública con la participación de los partidos políticos y representantes de firmas encuestadoras, instancia en la que la JCE dejó abierto un período para recibir opiniones escritas sobre el tema. “No creo que sea un tema por la emisión de alguna encuesta”, precisó el dirigente, descartando que el reglamento sea una reacción a alguna publicación reciente.
En cuanto a la base legal de la iniciativa, Hubiera subrayó que es la propia Constitución la que otorga a la JCE facultad regulatoria en materia electoral, respaldada además por la Ley Electoral, que establece el principio de equidad.
Bajo ese marco, sostuvo que las encuestas han sido utilizadas como mecanismo de influencia sobre el electorado, por lo que el organismo electoral tiene la responsabilidad de garantizar que los procesos se desarrollen en condiciones de igualdad.
“La JCE hace uso correcto de su facultad reglamentaria”, concluyó el delegado, defendiendo la legitimidad de la medida como un instrumento de preservación del sistema democrático.
Reglamento No. 01-2026
Estas declaraciones surgen luego de que el Pleno de la Junta Central Electoral dictara oficialmente el Reglamento No. 01-2026 que establece el procedimiento para el registro de las firmas o empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral, fechado el 22 de mayo de 2026.
Esta normativa prohíbe estrictamente la difusión o publicación de sondeos de opinión con fines electorales fuera de los plazos legales correspondientes a los períodos de precampaña y campaña política, bajo la advertencia de severas sanciones administrativas y económicas para las firmas y organizaciones infractoras.
