Laura Hernández Román
SANTO DOMINGO.-A los defensores públicos, que son quienes ejercen el contrapeso a la persecución del Estado se les crítica por defender a los imputados y ser buenos litigantes.
Laura Hernández Román, directora nacional de la Defensa Pública, detalla que tienen 28 oficinas ubicadas en los Palacios de Justicia de todo el país.
Dijo que la fortaleza de la Ley de Defensa se basa en que sus actores, para ingresar al sistema, deben pasar por un concurso muy riguroso de méritos de oposición.
Laura Hernández Román.
Luego de este paso tienen que ir a la capacitación en la Escuela Nacional de la Magistratura, unos seis meses presenciales, y por último está la pasantía de tres meses en la institución, para ingresar formalmente a la Defensa Pública.
El programa de formación de los defensores es independiente, aunque sea la Escuela de la Magistratura la que ofrezca la capacitación; los recursos salen de Defensa Pública, ya que nada tiene que ver la formación de juez con la del litigante.
En su capacitación los defensores reciben un programa integral, donde no solo se forman técnicamente en materia penal, procesal Penal y Constitucional, sino también en ética, porque para ese sector su código ético es importante.
“El defensor público debe garantizar el derecho d e defensa al imputado. Así como las garantías procesales durante todo el proceso”, dijo.
La formación de un defensor público tiene un costo de unos 500 mil pesos por persona. El pago de la formación en la Escuela Nacional de la Judicatura en 2015 fue de RD$230,344.83, sin contar la inversión de todo el proceso de convocatoria, que dura entre 5 o 6 meses.
Hernández Román señala que la defensa pública ha logrado mantenerse al margen de la política, pero en la medida que la institución va creciendo despierta el interés de los políticos. “La política debe estar al servicio del derecho y no lo contario”, dijo.
Inicios en la justicia
Aunque la vida le ha puesto muchas pruebas, como la de vencer un cáncer de mama, Hernández Román afirma que esto no la ha detenido en su meta de servir con calidad y eficiencia a imputados de un delito abandonados por sus abogados.
“Cuando se es mujer los fuegos abiertos son más, porque se piensa que hay debilidades”, dijo.
Narra que por su mente nunca le pasó pertenecer al cuerpo de justicia del país, porque le iba muy bien ejerciendo el derecho a nivel privado.
La propuesta de incorporarse al Ministerio Público se la hizo Julio César Castaños Guzmán, en la comunidad católica “Cristo vivo”, a la que pertenecían los dos.
De esta forma entró a la Justicia, acompañando al magistrado Julio César Castaños, quien estaría en un periodo de transición por tres meses como Fiscal del Distrito Nacional. Antes de los tres meses el Poder Ejecutivo designó a Guillermo Moreno como fiscal.
Hernández Román fue recomendada por Castaños Guzmán y así pasó a formar parte del Ministerio Público formalmente en el año 1998.
Allí empezó a gestarse todo un cambio en la Justicia. “Cuando llegamos a la Fiscalía era un desastre y un antro de corrupción”, sostuvo.
Entonces iniciaron cambios en el Ministerio Público. “Y empezamos a soñar con un mejor sector de justicia”.
Describe como junto a otros jóvenes “soñadores” trabajaban hasta las diez de la noche. Con una sonrisa de satisfacción dice que muchos hoy en día, gracias a ese empeño, son jueces y otros ocupan importantes posiciones.
Después de estar un tiempo en el Ministerio Público pasó a formar parte de la judicatura, no como juez.
“Nunca me ha interesado ser juez, yo pienso que hay un perfil para un buen juez.
Que no es el que yo tengo”, dijo.
Continuó escalando en la Justicia y pasó a formar parte de la nueva gestión de la Suprema Corte como jefa de gabinete o abogada ayudante del presidente del Consejo de Poder Judicial, que en ese entonces era Jorge Subero Isa.
Luego participó y ganó en el concurso para la posición de director de Defensa Pública, creada mediante una resolución para la Defensa Judicial, porque estaba dentro de ese poder.
Explicó que la unidad de Defensa Judicial quedó delegada años más tarde por la Ley de Defensa.
Cuando llegó a la nueva dependencia había 14 defensores públicos y solo había un plan piloto en el Distrito Nacional y Santiago.
“No había absolutamente más nada y desde ese momento a la fecha comenzamos a pelear por más asignación de recursos, porque evidentemente dentro del Ministerio Público la Defensa Pública no era una prioridad”, dijo.
