La pasada semana acudí a un dinámico y popular programa de la radio vespertina. Me abordaron, como casi siempre suele suceder, sobre temas políticos, culturales y de gobierno.
En un momento de la entrevista, y de manera muy puntual, me cuestionaron sobre el rol del ministerio en relación a la promoción del gagá como expresión cultural.
Aunque brindé una respuesta lo más inteligible y diáfana posible, que exacerbó los ánimos y motorizó miles de comentarios en redes sociales, quisiera, en este espacio que me conceden amablemente cada semana, reflexionar con mayor nivel de profundidad y ponderación.
Defender la cultura de un pueblo no es un acto de xenofobia ni de intolerancia, es más bien de responsabilidad histórica. Las naciones que no cuidan sus expresiones culturales no desaparecen de golpe, pero se diluyen lentamente, sin que nadie lo declare ni lo decida unilateralmente. República Dominicana tiene una identidad forjada a lo largo de cinco siglos de historia mestiza, herencia española, raíces africanas, y huellas indígenas.
Esa identidad no es un dato estático e inerte que se conserva por sí solo; requiere de estimulaciones a través de políticas públicas, necesita de instituciones y de voluntad política de quienes dirigen el Estado. Concentrándolo en una sola palabra, esta sería: prioridad.
Antecedentes históricos
La necesidad de defender y de darle un carácter prioritario a la cultura dominicana no nace de un impulso arbitrario ni de una sensibilidad exagerada: tiene raíces históricas profundas y concretas. Para entender el porqué la conservación de la identidad cultural dominicana es consustancial a la promoción activa desde el Estado, es indispensable remontarse al 9 de febrero de 1822, cuando las tropas del presidente haitiano Jean-Pierre Boyer cruzaron la línea divisoria de la isla e iniciaron una ocupación que duraría veintidós años.
Aquella experiencia, más allá de constituirse en un episodio político, fue el primer gran intento del régimen haitiano por sustituir los valores y la esencia cultural de la parte oriental de Santo Domingo. La universidad fue clausurada, la Iglesia, como núcleo fundamental de la sociedad, despojada de sus bienes, el español como lengua desplazado por el francés y el creole, y las costumbres hispanas y criollas sometidas a una administración que les era radicalmente ajena.
En su libro “La dominación haitiana (1822-1844)”, el historiador Frank Moya Pons documenta cómo el gobierno de Boyer no se limitó a una ocupación política y militar, sino que desplegó un conjunto de medidas que desarticularon sistemáticamente las instituciones sobre las que descansaba la vida cultural dominicana.
A ello se sumó la salida masiva del clero español, que hasta entonces había sido el principal custodio de la tradición letrada del país. Moya Pons sostiene que el resultado no fue sólo un empobrecimiento institucional, sino una ruptura profunda en la transmisión de la cultura dominicana, cuyos efectos se prolongaron mucho más allá de 1844. Lo que Boyer intentó borrar, y no logró, fue aquello que hoy nos corresponde custodiar: la fisonomía particular de una nación que aprendió, desde muy temprano y a un costo muy alto, que su cultura es su marco referencial y primera línea de defensa.
El gagá en el debate público
Las informaciones y datos servidos a través de textos e investigaciones en relación a los orígenes culturales en distintas manifestaciones, adquieren su mayor punto de tensión en el gagá. El gagá es una expresión religiosa y festiva de origen haitiano, derivada del vudú y traída por los trabajadores que llegaron a los bateyes cañeros durante los siglos XIX y XX. En sus procesiones, música y rituales hay una vitalidad innegable, una apreciable fuerza comunitaria.
Nadie puede ocultar su potencia expresiva. Pero el debate que el gagá plantea en República Dominicana no es estético: es identitario. ¿Hasta dónde una expresión foránea puede instalarse en el tejido cultural de una nación generando rechazos en amplios sectores académicos, profesionales, sociales y culturales?
El gagá no llegó como resultado de un intercambio cultural elegido, negociado o celebrado entre iguales.
Llegó como consecuencia de una historia de migración laboral forzada, en bateyes que fueron enclaves para su divulgación. Su expansión en ciertas zonas del país no responde a una política cultural de integración, sino a un vacío institucional. Por consiguiente, al introducirlo en el debate público, nuestra postura carece de ambigüedad, es firme, prolija: no puede ésta constituirse en una prioridad en las políticas culturales del Estado dominicano.
Defender la cultura dominicana frente al gagá u otras manifestaciones no significa prohibir ni perseguir. Significa algo más exigente, fortalecer con mayor energía y vigorosidad las expresiones propias que definen nuestra identidad. El merengue, la mangulina, el palo, la bachata, las fiestas patronales, la décima campesina, en fin, todo ese universo de expresiones que necesita inversión, documentación, proyección y orgullo.
Una cultura que no se celebra a sí misma deja espacio para que otros la llenen. La defensa de la cultura dominicana es también un aprecio por la lengua. El español dominicano, con todas sus variantes regionales, sus criollismos, su musicalidad particular, es el vehículo en el que la nación piensa, sueña, reza y discute.
Priorizar la cultura dominicana desde el Estado no es retroceso, es modernidad. Los países que más avanzan son también los que más cuidan su patrimonio cultural, los que invierten en sus artistas, los que rigurosamente protegen sus expresiones identitarias. Francia defiende su lengua por ley.
México eleva su cultura indígena a rango constitucional. Brasil convierte el carnaval en política de Estado. República Dominicana tiene todo el derecho, y toda la responsabilidad, de hacer lo mismo con el merengue, su arquitectura colonial, literatura, cine, su religiosidad popular, etc. La cultura no es un lujo, es esencia y estructura donde descansa el alma nacional.
Defender y priorizar la cultura dominicana es un acto de compromiso y generosidad hacia las generaciones que vienen. Es ratificar de que somos un pueblo que se conoce así mismo, que no permite que su memoria sea sustituida por el olvido ni su identidad condenada por la indiferencia.
Debemos actuar como una sociedad que entiende que la soberanía cultural no es el complemento de la soberanía política, es su fundamento. Por ello, debemos tener la voluntad de custodiarla con obras, instituciones y, sobre todo, con inteligencia.
Por tanto, es de rigor priorizar en aquellos valores que nos unen y nos enorgullecen.
