Santo Domingo. La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, denunció este miércoles ante el tribunal que conoce el caso Calamar que el informe antifraude elaborado por la Contraloría General de la República, documento que sirvió de base para iniciar la investigación penal en su contra, nunca fue notificado a su equipo legal.
Durante la audiencia, el abogado Mario Aguilera solicitó formalmente que quede constancia en acta de que ni él ni su defendido tuvieron acceso al informe, a pesar de que ha sido citado de forma reiterada por el Ministerio Público como fundamento principal de la acusación.
“Ese informe existe, ha sido utilizado como prueba en este proceso, y nunca se nos notificó. Por tanto, jamás hemos podido ejercer contradicción alguna, lo cual vulnera directamente el derecho al debido proceso”, expresó Aguilera.
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El informe en cuestión fue elaborado por el equipo antifraude de la Contraloría y sustentó la llamada Operación Calamar, con la que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) imputa a Guerrero y otros exfuncionarios por supuestas irregularidades en pagos de expropiaciones por más de RD$17,000 millones en el año 2020.
Violación al debido proceso
La defensa argumenta que la omisión en la notificación del informe impidió el ejercicio del derecho a contradicción, amparado por la Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo. Esa ley establece que toda actuación administrativa con consecuencias legales debe ser notificada a las personas afectadas.
Expertos jurídicos señalan que esta omisión compromete la legalidad de las pruebas utilizadas por el Ministerio Público y podría tener implicaciones directas sobre la validez del proceso judicial.
Extinción de la acción penal y más desistimientos
La denuncia de la defensa ocurre en un momento crítico para el caso Calamar, que ha venido perdiendo fuerza por una serie de desistimientos y fallos judiciales en contra del Ministerio Público.
El Tribunal del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ya declaró la extinción de la acción penal de más de 260 querellantes particulares, al determinar que sus demandas fueron mal promovidas, al carecer de representación legal válida y poderes pertinentes.
A esto se suman recientes desistimientos voluntarios de varios querellantes, incluyendo la Fundación Alfredo Nóbel y miembros de la familia Mota, quienes retiraron sus acusaciones contra Guerrero. Semanas antes, más de 40 herederos de la familia Reyes también abandonaron el proceso, solicitando además el pago del 20% pendiente en favor de los propietarios legales.
Algunos querellantes restantes han sido cuestionados por carecer de calidad legal, ya que no poseen títulos de propiedad registrados, y en algunos casos sus poderes fueron firmados por personas fallecidas hace años.
Panorama incierto para el Ministerio Público
Con el retiro de querellantes, la extinción de acciones penales mal promovidas y ahora la denuncia formal de que la principal prueba del caso fue utilizada sin ser notificada, el expediente de la Operación Calamar enfrenta un escenario cada vez más complejo.
La defensa de Donald Guerrero no descarta solicitar la nulidad de las actuaciones procesales basadas en el informe de la Contraloría, por considerarlo una violación al principio de legalidad y al derecho a la defensa.
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