Santo Domingo.-La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, denunció que el informe de la Contraloría General utilizado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) como punto de partida de la Operación Calamar nunca le fue notificado, lo que constituye, a su juicio, una violación al derecho de defensa y al debido proceso.
El abogado Mario Aguilera pidió al tribunal que quede consignado en acta que ni Guerrero ni su equipo legal tuvieron acceso al documento, pese a que ha sido citado en varias ocasiones durante las audiencias.
“Ese informe existe, ha sido mencionado como prueba en este caso, y nunca nos ha sido notificado. Por tanto, jamás hemos podido ejercer contradicción alguna”, subrayó Aguilera, recordando que la Ley 107-13 garantiza el derecho de las personas a conocer y discutir los actos de la administración.
Señaló que el documento en cuestión fue utilizado por el Ministerio Público para justificar las investigaciones iniciadas en 2020, que derivaron en acusaciones sobre supuestas irregularidades en pagos de expropiaciones por más de RD$17,000 millones.
La audiencia estuvo además marcada por nuevos desistimientos de querellantes en favor del exministro.
La Fundación Alfredo Nobel, representantes de la familia Mota y alrededor de 40 herederos de la familia Reyes retiraron sus acusaciones, sumándose a más de 260 querellas extinguidas previamente por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional por carecer de representación legal válida.
Incluso, algunos querellantes fueron señalados como falsos reclamantes al no contar con títulos de propiedad y presentar poderes firmados por personas fallecidas.
Con estos elementos, la defensa insiste en que el caso Calamar presenta graves irregularidades procesales y un progresivo debilitamiento de las acusaciones.
A estos desistimientos se añaden la extinción de la acción penal interpuesta por más de 260 querellantes particulares.
Operación Calamar
— Acusación
En el expediente de la Operación Calamar, el Ministerio Público acusa a 46 personas de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campaña.
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