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Defensa de Donald Guerrero recurrirá ante el TSA la auditoría de la Cámara de Cuentas

El equipo legal sostiene que el informe fue realizado en violación del debido proceso, sin requerimiento del Congreso Nacional, sin acceso al expediente por parte del auditado y con inconsistencias técnicas que le restan validez jurídica y credibilidad institucional.

Santo Domingo. La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, anunció este lunes que recurrirá ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) la denominada “auditoría especial” practicada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) al Ministerio de Hacienda (2016–2020).

El equipo legal sostiene que el informe fue realizado en violación del debido proceso, sin requerimiento del Congreso Nacional, sin acceso al expediente por parte del auditado y con inconsistencias técnicas que le restan validez jurídica y credibilidad institucional.

Los abogados explicaron que, pese a múltiples solicitudes formales de acceso a los documentos utilizados por los auditores —todas rechazadas por la resolución ADM-2025-020, del 28 de agosto de 2025—, la Cámara de Cuentas negó el derecho de defensa y contradicción, alegando confidencialidad.

“Se trató de una auditoría a puertas cerradas, con las reglas del debido proceso suspendidas”, afirmó el equipo de defensa.

Le también: Caso Calamar: Guerrero afirma que nunca fue notificado sobre informe base de acusación

Asimismo, denunciaron que el informe fue aprobado más de un año después de su elaboración, por un Pleno distinto al que condujo la investigación, lo que, según argumentan, viola el principio de unidad y continuidad del acto administrativo, restando legitimidad a todo el procedimiento.

La defensa subraya que la auditoría no contiene evidencia de fraude, malversación ni daño al erario público.
El documento, señalan, se limita a observaciones administrativas y de procedimiento, sin cuantificación de perjuicio ni atribución de responsabilidad penal.

Incluso, el informe incurre en contradicciones técnicas, ya que afirma la existencia de pagos “sin registro”, mientras cita los mismos libramientos emitidos y aprobados por la Contraloría General de la República, órgano que ejerce control previo de legalidad en todas las operaciones financieras del Estado.

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