De acuerdo a nuestra legislación, según la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, de fecha 8 de agosto de 2014, una gran cantidad de funcionarios del Estado que ocupan determinados posiciones deberán, previo registro, depositar en la Cámara de Cuentas su declaración de patrimonio debidamente notariada.
Quienes no obtemperen al plazo señalado incurrirán en faltas graves, o si falsean sus datos serán sancionados por delito de falseamiento conforme a dicha ley.
Este instrumento, llamado a transparentar la honestidad en los cargos públicos y delatar a quienes incurran en enriquecimiento ilícito durante el tiempo en que cumplen sus funciones, ha sido objeto de innumerables burlas, desacatamientos y timo por parte de declarantes.
Solo con ver los mismos, el ciudadano puede percibir cuán frágil e inoperante ha sido esta disposición, en burla al más común de los sentidos.
En varios países esto ha sido resuelto haciéndose público no tan solo los ingresos de los funcionarios de la nación, sino también colocando en internet sus declaraciones impositivas anuales.
Tal es el caso de Noruega, donde el nivel de impuestos y renta de cada ciudadano puede consultarse con toda normalidad en la web o en Facebook.
Es la aplicación hasta el límite de la transparencia, de un principio con una gran tradición. Con la digitalización del registro y el procesamiento de los datos, la accesibilidad ahora es total.
Los periódicos, que ofrecen el rastreo en el registro de los protagonistas de las noticias, han considerado esta información vital para preservar el estado de trasparencia y honestidad que caracteriza dicha nación.
Ahora que nuestra Dirección General de Impuestos Internos está fajada en una minería impositiva, buscando evasores y la elusión fiscal, dicha institución podría tomar la iniciativa para lograr modificar la Ley n.º 311-14, para que en vez de declaración jurada de bienes, la Renta haga públicas anualmente todas las declaraciones impositivas, con lo cual se acreditaría moralmente para perseguir a los demás violadores y contribuir al saneamiento del Estado.
