Venezuela registró un nuevo y sangriento incidente en sus cárceles, esta vez, en medio de la pandemia del coronavirus.

Decenas de personas murieron el viernes 1 de mayo en el Centro Penitenciario de Los Llanos (también conocido como Cepello), en la ciudad occidental de Guanare, en un suceso que las autoridades describieron como un «intento de fuga».

Otras fuentes refutaron esa versión.

El gobierno no proporcionó un balance de víctimas, si bien medios locales y agencias internacionales de noticias sitúan la cifra de muertos en al menos 46.

El número de heridos varía según la fuente, entre al menos 50 y 75.

Un funcionario del penal citado por la Agencia EFE de forma anónima situó el número de muertos en al menos 46 si bien advirtió que la cifra «irá subiendo», porque el estado de algunos lesionados es de «extrema gravedad».

El incidente se produce en medio de las ordenes de confinamiento y distanciamiento social por la covid-19 en el país, y entre denuncias de organizaciones como Humans Right Watch o Amnistía Internacional por el hacinamiento de presos en las cárceles de Latinoamérica, que aumentan la vulnerabilidad de los presos ante la pandemia.

Diferentes versiones

El incidente ocurrió el viernes a las puertas del penal, según medios locales e internacionales.

Durante la refriega, en la que los reos usaron armas de fuego y blancas, así como objetos punzantes y una granada, resultó gravemente herido el director de la cárcel, Carlos Toro, apuñalado en la espalda y en la región occipital, informó EFE.

Entre los heridos, además, también se encuentra la teniente de la Guardia Nacional Bolivariana Escarlet González, quien fue alcanzada por esquirlas de granada.

La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, aseguró que el incidente se debió a un intento de fuga e informó de la apertura de una investigación para esclarecer los hechos, recogió el medio venezolano Últimas Noticias.

Varela lamentó la violencia, si bien declinó ofrecer un balance de víctimas mortales o heridos.

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Por su parte, el vicepresidente Jorge Rodríguez intervino este sábado en televisión estatal para ofrecer su habitual informe sobre la situación de la covid-19 en el país, sin mencionar lo ocurrido en Guanare.

La versión oficial fue refutada por la diputada por el estado Portuguesa María Beatriz Martínez.

«La información relacionada con la masacre sigue siendo de opacidad. Se pretende hacer ver como una fuga frustrada, aunque todo indica que es el resultado de un motín por la prohibición de ingresar a la cárcel los alimentos a los privados de libertad», denunció la parlamentaria en Twitter.

Martínez dijo a la agencia Reuters que los reclusos estaban en la puerta del centro penitenciario mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad, cuando se registró el motín.

En redes sociales, la diputada advirtió además del colapso en el hospital al que se trasladaron a los heridos y la necesidad de donantes de sangre, y compartió videos con supuestos familiares de las víctimas.

Análisis de Guillermo D. Olmo, corresponsal en Venezuela

Las matanzas se repiten con alarmante frecuencia en las cárceles venezolanas.

La del penal de Guanare se suma a lo ocurrido en mayo 2019 en Acarigua, donde murieron al menos 48 personas, entre presos y policías, y a los 66 que murieron en el incendio de un centro de detención de Valencia en marzo de 2018.

Han sido solo los últimos episodios.

Asociaciones pro derechos humanos y familiares de los presos llevan años denunciando el hacinamiento y las malas condiciones de vida e higiene en los centros penitenciarios.

Como ocurre en otros países de América Latina, hay también denuncias de que las bandas criminales son las que tienen el verdadero control de las cárceles ante la negligencia del Estado.

En las últimas semanas habían aumentado las advertencias de las ONG sobre el impacto que la pandemia del coronavirus podría tener en la población reclusa.

Pero las autoridades no han dado respuesta.