Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, calificó este miércoles de incorrecto el debate en torno al proyecto de ley que regularía el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen.

El proyecto de ley que ha sido calificado como ley mordaza, a juicio de Peralta será de trascendencia para el país, la comunicación y la seguridad ciudadana.

“Creo que el debate que está llevando con este proyecto de ley no es el correcto; este proyecto  será de gran trascendencia para el país, la comunicación y para la seguridad de la intimidada de la gente”, dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

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Entrevistado en el Matutino El Día que se trasmite por Telesistema, canal 11, Peralta dijo que los ataque digitales han aumentado y que a medida que la tecnología va avanzando cambian los términos jurídicos también.

“Hay que sancionar la difamación contra todo el mundo, hay que respetar la libertad de expresión pero también hay que respetar la dignidad de la gente”, apuntó el juarista que a la vez resaltó que el proyecto debe ser mejorado e invitó a la sociedad a participar en los debates.

Nueva provincia

Al ser cuestionado sobre el proyecto de ley que busca la creación de la provincia Matías Ramón Mella aprobado por la Cámara de Diputados, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dijo en su opinión personal  no le ve ningún beneficio al mismo.

«Yo no veo mucho qué es lo que aporta una provincia más en el sistema administrativo del país. Además, hay un proyecto de ley que tiene que ver con la organización territorial del país, que no sé si al momento de implementa o impulsar este proyecto de la nueva provincia se ha tomado en cuenta eso», apuntó el abogado.

Se definió como un abanderado de los municipios que de las provincias, pues dice estar convencido que los municipios tienen mayor efectividad administrativa que las provincias.

Gasto de la campaña

Sobre los gastos de la campaña electoral calificó de difícil la fiscalización y control por parte de la Junta Central Electoral (JCE), aunque entiende que es Estado debe de invertir en las actividades electorales.

“La inversión del tope en los gastos de la campaña, el control y fiscalización de esos gastos es una tarea difícil para la Junta Central Electoral, pero el estado tiene que invertir en las actividades electorales”.