La mayoría de la sociedad dominicana pidió un cambio de gobierno y así quedó expresado en las urnas en las elecciones del 5 de julio, resultando ganador el hoy gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), bajo la consigna del cambio. El pueblo les votó con la esperanza de que las prácticas del gobierno pasado no fueran replicadas en la conducción del Estado.

Con relación al reciente caso de la ministra de la Juventud Kimberly Taveras, la Dirección General de Contrataciones Públicas confirmó que Taveras figura como proveedora del Estado con dos empresas, una de corte personal a su nombre y otra jurídica (Colegio Domínico Chino CDC, SRL), donde funge como gerente administradora, y es poseedora del 75 por ciento de sus acciones.

Estos fueron parte de los hechos bochornosos por lo cual sucedió un cambio de gobierno, donde los funcionarios del Estado eran proveedores del mismo Estado, en violación de las leyes y uso de su cargo para beneficios personales.

Pero más aún, con una matrícula de 18 senadores en el congreso de la república y 90 diputados en la cámara baja, ésta organización política no ha presentado un proyecto que erradique esos privilegios de los legisladores, todo lo contrario, una parte de ellos plantea “redireccionar recursos hacia pagos de técnicos’’ para seguir legalizando un adefesio implantado por el PLD donde se otorgan RD$1,200 millones de pesos solo para barrilito.

Este despilfarro del dinero público debe terminar. El compromiso fue el cambio, y seguir con la misma actitud no representa ningún cambio, sino más de lo mismo.

Las arcas públicas no pueden seguir siendo un botín de reparto con nombres acomodaticios, y en ese sentido los dominicanos debemos ir por más, exigiendo del PRM coherencia política en el caso del barrilito y de la ministra de la juventud.