ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 5 de septiembre de 2018, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murilla, encabezan una manifestación en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
MANAGUA.-El gobierno de Nicaragua excarceló este viernes a 50 personas detenidas tras las protestas del año pasado como parte de un acuerdo con la opositora Alianza Cívica en el marco de un diálogo iniciado hace dos semanas.
En una nota de prensa, el Ministerio de Gobernación anunció que los presos, de los cuales ocho son mujeres, recibieron el beneficio de convivencia familiar también conocido como libertad condicional o “casa por cárcel».
Esta es la segunda excarcelación autorizada por el gobierno de Daniel Ortega en las últimas dos semanas. La primera ocurrió el 27 de febrero y en los días siguientes, cuando 112 personas salieron de prisión bajo la misma modalidad, según informes oficiales.
A diferencia de la primera excarcelación, esta vez los prisioneros no pudieron ser vistos por los periodistas ni por sus familiares, que desde temprano aguardaban impacientes en las afueras de la cárcel Modelo, al norte de la capital.
Según una lista proporcionada por el Ministerio de Gobernación, entre los excarcelados no figuran los principales líderes estudiantiles ni campesinos que han protestado contra el gobierno, como tampoco los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, presos desde el 21 de diciembre.
Varios contingentes de policías y fuerzas especiales antimotines se desplegaron desde temprano en distintos sectores de la capital. Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), lamentó que el gobierno haya manejado el hecho “con un secretismo excesivo».
Dijo que la cantidad de personas excarceladas “no es lo que esperábamos“, ya que el gobierno había prometido liberar a “un núcleo apreciable“ de detenidos.
La medida es producto de un acuerdo tomado por negociadores del gobierno y de la oposición, que desde el 27 de febrero conversan para intentar resolver la crisis del país.
Un sector de la Alianza Cívica, formado mayoritariamente por estudiantes, se retiró del diálogo esta semana porque no aprueban una excarcelación gradual, sino que exigen la liberación “inmediata e incondicional de todos los presos políticos», cuya cifra calculan en unas 770 personas.
Mientras tanto, la Policía de Nicaragua prohibió la realización de una marcha opositora convocada para el sábado por la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, para exigir “la inmediata liberación» de la totalidad de los presos políticos».
“La Policía Nacional no autoriza ninguna actividad que genere intranquilidad a las familias nicaragüenses», indicó la entidad en un comunicado.
“Esas convocatorias (.) constituyen la continuidad de provocaciones y crímenes terroristas y golpistas», añadió. Al anunciar la convocatoria de la marcha, la dirigente de la Alianza Cívica, Azahálea Solís, dijo que la movilización sería “un test para medir la buena voluntad de Ortega.
Deben permitirnos marchar y no debe haber represión», afirmó la opositora. La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril con una protesta de universitarios y se extendió por el país tras la violenta acción de policías y paramilitares que dejó al menos 325 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y más de 52.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
