En las sociedades democráticas, frecuentemente se suele recurrir al populismo como mecanismo de caer bien ante determinados sectores sociales o populares que inciden en la cotidianidad y en la lucha por el poder político.
El problema del populismo es complejo y perjudicial.

Esto así porque genera consecuencias adversas, debido a que en la mayoría de los casos carece de fundamento y termina acarreando déficits institucionales que impactan negativamente a la democracia.

Generalmente, los populistas no escuchan las voces sensatas, bajo el entendido de que se contraponen con sus aspiraciones y expectativas.

Vale la pena tener siempre presente el planteamiento del político británico Winston Churchill, quien acostumbraba decir que la democracia, en su esencia, era la necesidad de doblegarse, de vez en cuando, a las opiniones de los demás, sin que eso conllevase la pérdida de influencia.

Este preámbulo podría encajar perfectamente en la controversia que ha salido a relucir en relación al financiamiento de las elecciones primarias que habrán de celebrarse el próximo 6 de octubre, a fin de que cinco agrupaciones políticas escojan a los candidatos a puestos de elección popular que postularán en los comicios del año 2020, en cumplimiento del mandato de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

La cuestión está en que la Junta Central Electoral (JCE) decidió, en principio, asumir el costo de las primarias, en violación de la referida normativa, que establece que corresponde a los partidos políticos la financiación.

Esto, como era de esperarse, ha encontrado el rechazo de diversas entidades que inciden en la vida nacional.

El artículo 47 de la Ley 33-18 dispone que “los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística.”

Sin embargo, el órgano electoral pretende erogar RD$1,249 millones de los RD$1,449 millones que costarán las primarias. Ante las bien fundamentadas críticas, las autoridades electorales se reunirán nuevamente este lunes con los partidos, un escenario que sería oportuno para repensar la medida de corte populista y de poco aporte al fortalecimiento institucional y democrático.

La democracia electoral exige de prudencia, de la aceptación de las normas y de que las decisiones institucionales y jurisdiccionales se produzcan en el marco de la realidad de cada sociedad.

Hay que conferir mayor valor a la democracia dominicana, transformándola y hasta reinventarla si fuere necesario.

Nadie discutiría que carece de todo efecto jurídico el acuerdo entre la JCE y los partidos que decidieron la modalidad de elecciones primarias abiertas para seleccionar a sus candidatos, que son el de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno y Revolucionario Dominicano así como Alianza País y Opción Democrática. En ninguna parte del mundo, una ilegalidad genera derechos.

La única forma legal para que la JCE pueda materializar su pretensión, es mediante una modificación de la Ley 33-18 por parte del Congreso Nacional.

La Constitución de la República confiere a ese órgano la facultad, en los artículos 211 y 212, de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las mismas.

ndudablemente que se trata de un desafío extraordinario para con la patria, por lo que el populismo electoral no tiene de espacio para la celebración de unas elecciones transparentes en febrero y mayo de 2020.