La relación entre buena ciudadanía y la prensa luce incomprensible para el entendimiento de muchos malos políticos.

El analfabetismo funcional o la ignorancia hacen que legisladores y funcionarios pretendan controlar o sugestionar a los medios de comunicación sobre qué publicar o no de candidatos y partidos.

En sociedades donde operan libremente los mercados de ideas y además hay libertad empresarial, es imprescindible que la prensa opere sin ningún constreñimiento previo que no sean el criterio y la sindéresis de los editores.

Solo un ciudadano informado, cuyo conocimiento de hechos, datos, sucesos y tendencias, esté basado en publicaciones fidedignas, podrá con esas informaciones y opiniones formar un juicio propio para decidir cuál leche comprar, cuál película ver, en cuál banco confiar o por cuál candidato votar.

Esta es la finalidad última y superior de la prensa: comunicar o dar noticias y opiniones para que cada ciudadano actúe en consecuencia según su interés. Por eso, resulta ridículo por imposible de cumplir, que la JCE o alguna ley pretenda sustituir el criterio de periodistas.