Los economistas, funcionarios del área económica y expertos en materia tributaria suelen dividirse siempre entre los que abogan por poner la mayor carga impositiva al consumo y los que lo hacen por las ganancias y las empresas.
Ambas corrientes tienen suficientes elementos de peso para sustentar sus posiciones, pero en sus discusiones suelen dejar de lado los matices.
Gobernar requiere tener en cuenta el punto de equilibrio entre los actores sociales y la materia tributaria no es la excepción.
La reforma fiscal que se discute en la actualidad tiene que partir de realidades estudiadas a profundidad y no dejarse llevar de clichéts o leyendas de camino.
Se habla de que el 56 por ciento de los empleos son informales y pareciera que esa es una de las principales causas de la baja presión fiscal de República Dominicana, junto con la evasion tributaria.
Eso hay que verlo en su justo contexto. Muchos de esos empleos informales son de subsistencia, por lo que si se formalizan de seguro quedarían exentos del pago de Impuesto Sobre la Renta.
Al pensar en gravar las ganancias hay que tomar en consideración no dejar de ser competitivos porque los capitales vuelan con facilidad en estos tiempos de globalización.
Pero, definitivamente, algo hay que hacer para que el Estado disponga de mayores recursos para invertir en sectores que requieren mayor inversión estatal.
El Gobierno, los empresarios y el sector laboral tienen que poner todas sus cartas sobre la mesa para un pacto fiscal en el que se tenga claro que cualquier sacrificio actual redundará significativamente en el bienestar general en el mediano y largo plazos.
No sería ocioso responder estas dos preguntas: ¿cuánto necesita recaudar el Estado y para qué lo necesita? Este punto de partida esclarecería el panorama y haría las discusiones más transparentes.
