Matías Bosch
El 8 de marzo de 1857, un grupo de trabajadoras textiles realizó una protesta en las calles de Nueva York, frente a las miserables condiciones de trabajo que padecían.
Tiempo después, también en Nueva York, un 25 de marzo de 1911, se incendió la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist, muriendo 123 mujeres y 23 hombres. Esa tragedia se considera un crimen en masa, pues se debió a las condiciones indignas y peligrosas de trabajo.
Los jefes de la fábrica dejaban encerrados a los obreros y obreras como esclavos, sin puertas de escape, sólo preocupados por “evitar robos” en su negocio.
Gestado en efemérides y luchas como estas, bajo la más bestial represión y con cientos de mártires, el 8 de marzo fue instituido como el Día Internacional de la Mujer. En República Dominicana, Anacaona, Rosa Duarte, Juana Saltitopa, Salomé Ureña, Abigaíl Mejía, las Hermanas Mirabal, Piky Lora, Sagrario Díaz, Mamá Tingó, Aniana Vargas, son sólo algunas de las mujeres que representan una admirable historia de rebeldía, de luchas políticas por la dignidad plena de sus pares y por una sociedad auténticamente libre, democrática y humana.
Actualmente, las condiciones de desigualdad que atentan contra las mujeres dominicanas contrarían lo que la Constitución establece en su artículo número 8, el cual señala la función esencial del Estado: “la protección efectiva de los derechos de la persona, el respecto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva”.
Asimismo, queda como letra muerta el artículo número 39, que declara: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección (…) y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades…” añadiendo que se condena “todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”.
En este momento, en que el 8 de marzo se ha combinado con la peor crisis política de las últimas décadas y el próximo 60 aniversario del asesinato de las Hermanas Mirabal junto a su compañero Rufino de la Cruz, vale la pena mencionar algunos datos de la escandalosa desigualdad política que golpea a las mujeres.
En base a datos de la Junta Central Electoral, los electores y electoras habilitados son 7,487,040, de los cuales el 51.14% son mujeres.
Sin embargo, para las 846 candidaturas a alcalde, sólo 122 son postulantes mujeres, es decir el 14%. En cuanto a las candidaturas para regidor o regidora, de un total de 6,143, sólo 2,597 son mujeres, equivalentes a un 42%. Para el puesto de Director de Distrito Municipal, el total de candidaturas es 989 y, de estas, las postulantes mujeres son 143, significando un 14.4%.
Todo indica que ha dado igual el 40% de participación mínima de las mujeres en las candidaturas establecido en la ley (la famosa y mal llamada “cuota de género”). Sencillamente no se cumple o se usan artimañas para que todo siga igual con distinto maquillaje (por ejemplo, otorgando a las mujeres la candidatura a vicealcaldesa, suplente de regidor o subdirectora, como premio de consolación).
La grave situación es evidente al saber que de los 22 cargos de ministros más la Procuraduría General de la República, solo tres son ocupados por mujeres, así como apenas el 22% de los cargos de elección popular (considerando alcaldías, diputaciones, senadurías y presidencia de la República).
¿De qué Estado de Derecho, qué democracia y qué sistema político estamos hablando cuando decimos “mujer” y “8 de marzo”?
