En el preámbulo de la Constitución de la Republica se estipula que para adoptarla y proclamarla, los representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos se basaron en los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social
Pareciera que la expresión atribuida al fallecido ex presidente Joaquín Balaguer de que la Constitución es un pedazo de papel tiene toda su vigencia, porque hablar de democracia, valores y principios no compagina con la realidad que vive actualmente el pueblo dominicano, ni con el comportamiento de una gran parte de los funcionarios del gobierno y los legisladores.
No sería exageración ni tremendismo decir que al pueblo dominicano se le han conculcado sus derechos democráticos fundamentales y que los gobiernos de los últimos cuarenta y seis años han dado lección y ejemplo de lo que son los anti valores y la falta de principios.
Hablar de democracia implica inversión social: en salud, educación, vivienda, electricidad, agua potable, creación de fuentes de empleo, salarios que puedan acercarse al costo de la canasta familiar, construcción de caminos vecinales para que los agricultores y ganaderos transporten sus productos. También significa protección de la fauna y la flora; de las cuencas hidrográficas; de la forestación de las cordilleras y montañas; del patrimonio territorial de la nación; los arrecifes de coral, etc.
Sin embargo, ninguno de los gobiernos que se han sucedido a partir del año 1966, a la fecha, han realizado la anhelada inversión social. El pueblo dominicano desposeído en su mayoría, ha sido dejado a su propia suerte, lo que ha facilitado que un diez por ciento de la población padezca hambre; haya un alto índice de muerte materno-infantil; una población mayoritariamente sumida en la pobreza; altos índices de desempleo, negación de los fondos que establece la ley para la educación; un alto nivel de analfabetismo; escuelas al aire libre con miles de niños sin pupitres, ni útiles escolares.
En casi cinco décadas, estos gobiernos se han empecinado en la siembra de varilla y cemento como la vía para el desarrollo del país y el tan cacareado crecimiento económico. Como ejemplo de ese crecimiento y bonanza, el gobierno del pelede señala los elevados y los pasos a desnivel construidos en el Distrito Nacional y en Santiago de los Caballeros; el metro que une el Distrito Nacional con Villa Mella y el túnel que une a la calle Ortega y Gasset con la Ciudad Universitaria. Pero ese crecimiento económico no se refleja en el bolsillo del pueblo dominicano, que cada vez disminuye su poder adquisitivo y se empobrece más.
No es casual que las construcciones del gobierno sean un medio para el medro y el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. La corrupción gubernamental es el principal acto delictivo que existe en la República, pues esta afecta de manera directa a la mayoría de los dominicanos, que ven perder en el bolsillo de funcionarios y administradores corruptos sus ansias de ver construir un hospital, de mejorar el servicio eléctrico y de agua potable, de construir una escuela, una carretera, un camino vecinal, etc.
Con los ejemplos que dan los funcionarios a la población y los de enriquecimiento rápido de los narcotraficantes, en adición a los altos niveles de consumo de drogas y la pobreza existente, en el país se ha desarrollado la delincuencia callejera a ritmos nunca vistos, que tiene a la población aterrorizada. Participando en la ola de atracos uniformados de los cuerpos armados, cuyos salarios de miseria no dan ni para proveer de alimentos a sus familiares.
Es penoso ver en las esquinas de las calles a representantes de instituciones que ayudan a la rehabilitación de los adictos a las drogas pidiendo limosnas, ya que el gobierno no le facilita fondos para ayudar en la solución de ese grave problema social.
Estos gobiernos han destruido el aparato productivo nacional, abandonando a los productores agropecuarios a su suerte, permitiendo el ingreso al país de toda suerte de mercancías subsidiadas en sus respectivos países, impidiendo que el productor local pueda competir con las mismas, llevándolo a la bancarrota. Es el caso de los productores de leche, cebolla, huevos, habichuelas, arroz, etc.
En toda la geografía nacional, estos gobiernos han permitido que se hayan secado cientos de ríos y arroyos, por los efectos depredadores de las granceras y por los desmontes de las cuencas hidrográficas y las montañas, que amenazan con desertificar el país. Del mismo modo, permiten la gradual extinción de especies endógenas tanto de la flora como la fauna, ante la vista indolente de los encargados de preservarla.
La falta de energía eléctrica ha llevado a la bancarrota a miles de pequeños y medianos comerciantes, cuyos negocios dependen de este servicio. A este precario servicio eléctrico, el actual gobierno pretende aumentarle un 18% de su precio actual, por instrucciones del FMI.
Han secuestrado el seguro social de los maestros, de los obreros cortadores de caña y otros trabajadores, que en su vejez y luego de haberle prestado sus servicios a la nación, no pueden ir al médico a curar sus enfermedades porque el gobierno les retiene sus derechos de seguridad social.
Miles de niños, niñas y adolescentes deambulan por las calles de las grandes ciudades pidiendo limosnas para ayudar al sustento de sus familias, ante la mirada indiferente de las autoridades que deben velar por el bienestar de ese sector frágil de la sociedad. Asimismo hay cientos de miles de niños entre cinco y trece años realizando trabajo infantil, que es penalizado por la legislación vigente y los Tratados internacionales que rigen la materia.
Se ha determinado que la policía nacional mata mensualmente 29 ciudadanos. Cada día cae abatido una persona por la bala de un policía. Son pocos los hechos delictivos que se registran en el país donde no esté involucrado un uniformado de la policía o de las instituciones castrenses del país.
Muchas personas dicen que en el país lo que existe es una democracia electoral, lo que quiere decir, el derecho que tienen las personas de votar en las urnas cada dos y cuatro años para elegir a las autoridades municipales, congresuales y al presidente y vicepresidente de la Republica. Sin embargo, las elecciones en Republica Dominicana son en extremo antidemocráticas, porque la población es inducida a votar por un candidato y partido determinado, como resultado de una distribución desigual de los recursos económicos provenientes de la Junta Central Electoral; por los importantes aportes financieros de la oligarquía y otros sectores empresariales a los partidos de la derecha y con el uso de los recursos del Estado, en el caso del partido de gobierno.
Esas ventajas permiten que los partidos que se han disputado el poder en los últimos años y que representan la derecha política, puedan realizar una campaña mediática imponente y descomunal que empujan al electorado a votar a favor de su candidato, en detrimento de los partidos alternativos y de izquierda, que van a la contienda electoral con míseros recursos económicos, lo que en gran medida afecta su desenvolvimiento y desempeño electoral.
Los representantes que proclamaron la actual Constitución estipulan también en el preámbulo de la misma que fueron guiados por el ideario de nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez y de los próceres de la Restauración de establecer una Republica libre, independiente, soberana y democrática
Sin embargo, siendo Director del INFOTEP, el señor Melanio Paredes, funcionario importante del partido de gobierno, admitió que nuestro país tiene la soberanía económica comprometida con el FMI. En ese mismo tenor se expreso, siendo Ministro de Economía y Planificación, el señor Temístocles Montas, quien tuvo la desfachatez de vanagloriarse, cuando era entrevistado por el periodista Pablo Mckinney en un programa televisivo, justificando que el déficit fiscal y la gigantesca deuda externa, a que tiene sometido al país la administración del pelede, se ha hecho con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional.
La soberanía territorial de la nación está en pública subasta al mejor postor. Aunque hay legislación que rige la materia, en el país no existe de hecho ningún control para la compra de una cantidad indeterminada de territorio. Cualquier aventurero local o internacional puede adquirir, sin ningún límite, cualquier cantidad de terreno en el país.
¿A qué democracia, valores y principios es que se refiere la Constitución de la Republica?
*El autor es Secretario General de la Asociación Americana de Juristas (AAJ)
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