Por: Francisco Tavarez
La República Dominicana es frecuentemente presentada como uno de los casos de éxito económico más destacados de América Latina y el Caribe. Entre 2005 y 2025, la economía creció a un ritmo promedio anual cercano al 5.1%, permitiendo que el PIB per cápita aumentara de US$4,004 a US$11,754. Como resultado, el país consolidó su condición de economía de ingreso medio-alto y fortaleció su posición como una de las economías más dinámicas de la región.
Este desempeño no es casual. Ha sido impulsado por sectores como el turismo, las zonas francas, las remesas y el crecimiento de los servicios, que hoy generan la mayor parte del valor agregado nacional. Estas actividades han permitido mantener una expansión económica sostenida durante dos décadas, incluso frente a crisis internacionales y períodos de incertidumbre global.
Sin embargo, detrás de estos logros macroeconómicos persiste una realidad menos favorable. El problema fundamental de la República Dominicana ya no es la falta de crecimiento económico, sino la forma en que se distribuyen los beneficios de ese crecimiento. En otras palabras, el país produce cada vez más riqueza, pero una parte importante de la población continúa participando de manera limitada en sus resultados.
Los datos sobre distribución del ingreso muestran que el 10% más rico concentra cerca del 30% de los ingresos nacionales, mientras que el 50% más pobre apenas recibe alrededor del 22%. Aunque la situación ha mejorado respecto a décadas anteriores, la concentración sigue siendo considerable. El crecimiento económico ha generado oportunidades para sectores medios y ciertos grupos vulnerables, pero no ha transformado de manera profunda la estructura distributiva del país.
La participación del decil más pobre aumentó de 1.4% a 2.4% entre 2005 y 2025, una mejora que, aunque positiva, continúa siendo insuficiente. Esto sugiere que el llamado efecto de “goteo”, según el cual los beneficios de la inversión y el crecimiento terminan llegando a toda la sociedad, ha operado de manera limitada. Los sectores de menores ingresos continúan teniendo una participación marginal en la riqueza que genera la economía.
Es cierto que el Índice de Gini ha disminuido de forma importante durante las últimas dos décadas, reflejando una reducción de la desigualdad medida por ingresos. No obstante, esta mejoría parece estar asociada principalmente al aumento del empleo, las remesas y las transferencias sociales, más que a una política fiscal diseñada para redistribuir riqueza. El sistema tributario dominicano mantiene una capacidad limitada para corregir las desigualdades que produce el mercado.
Otro factor determinante es la estructura del mercado laboral. La economía dominicana opera con una marcada dualidad: un sector formal con salarios relativamente bajos y protección social limitada, y un amplio sector informal que concentra a millones de trabajadores sin acceso pleno a derechos laborales y seguridad social. Esta situación restringe la movilidad social y dificulta que amplios grupos de la población mejoren de manera sostenida sus condiciones de vida.
La persistencia de salarios reducidos ha sido parte de una estrategia orientada a mantener la competitividad y atraer inversiones. Sin embargo, esta lógica ha contribuido a que los incrementos en productividad y crecimiento no se traduzcan proporcionalmente en mejores ingresos para los trabajadores. A ello se suma una débil capacidad de negociación sindical y un sistema de protección social que continúa excluyendo a una parte significativa de la población.
En consecuencia, la desigualdad existente no responde a una dinámica natural o inevitable del mercado. Es el resultado de un modelo económico sustentado en una baja presión fiscal sobre el capital, elevados gastos tributarios que favorecen a sectores específicos, una estructura productiva que compite mediante salarios relativamente bajos y un sistema de seguridad social donde predominan los incentivos financieros sobre los principios de universalidad, equidad y justicia social.
Por ello, reducir la desigualdad exige algo más que programas asistenciales o aumentos periódicos del salario mínimo. Requiere una reforma fiscal progresiva, mayores niveles de inversión pública y social, la generación de empleos de calidad, el fortalecimiento de la educación técnica y un sistema de seguridad social verdaderamente universal.
La República Dominicana ha demostrado que sabe crecer. El desafío pendiente es lograr que ese crecimiento se transforme en bienestar compartido. Solo entonces podrá afirmarse que el progreso económico se ha convertido realmente en desarrollo.
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