«Se registran progresos en la cobertura de salud, aunque con menor impacto en la calidad de los servicios, por lo que deben continuarse y ampliarse los esfuerzos para lograr salud y bienestar en la población». Esta es la apretada síntesis contenida en el apartado relativo a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), número tres, sobre Salud y Bienestar del Informe Nacional Voluntario, publicado por la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, en julio del 2018 bajo el  titulado «Compromisos, avances y desafíos para del desarrollo sostenible».

Apenas un año después (2019) el Índice Global Sanitario (IGS), que abarca a 195 países del mundo, sugería que había un solo país en el mundo que esté por completo preparado para hacer frente a una epidemia o pandemia. En el caso de la República Dominicana, el indicador conjunto del IGS, para el referido año, situaba al país en el lugar 91 con un puntaje de 38.2, inferior en 5% al puntaje general promedio de 40.2.

En materia de prevención, detección e informes, respuesta rápida, sistema de salud, cumplimiento de normas internacionales y entornos de riesgo, el país ocupó los lugares  105, 105, 53, 125, 126 y 73, respectivamente, y entonces en los contornos de ambas sugerencias hace su entrada el COVID-19, y al entrar comienza a tensar todos los recursos del sistema sanitario dominicano  que en el primer nivel de impacto muestra la secuela de 6,293, contagiados reportados, una letalidad de 4.8 % y una tasa de recuperación de 15.7 %, según el boletín  número 39 del Ministerio de Salud Pública.

Es evidente, pues, que la recomendación del Informe Nacional Voluntario del 2018 no sólo mantiene su vigencia sino que se refuerza a la luz de las estadísticas resultantes del impacto sanitario del COVID-19 durante su temprana vida de dos meses de incidencias.

El alcance casi planetario de COVID 19, y la rapidez con que expande sus efectos a varios niveles del desenvolvimiento de las sociedades incluye amplio rango de la vida económica, social y en menor medida ambiental. Por consiguiente, una cantidad no despreciables de metas vinculados a los Objetivos para el Desarrollo Sostenible se verán impactado de tal manera que llevan a un rezago, o postergaran más allá del 2030 las magnitudes que en principio se había planteado alcanzar en la referida fecha.

Siguiendo a un estudio publicado por las Naciones Unidas(marzo 2020) se puede identificar la orientación de cómo se internalizaran en los ODS los diversos impactos que recibirán las personas en los diversos países.

En efecto, los impactos económicos directos que acompaña la instrumentación de las obligadas medidas sanitarias son, en el corto plazo, desbastadores en lo relativo al ODS 8, sobre Trabajo decente y Crecimiento Económico, tanto en materia de crecimiento económico como en la cantidad y calidad de las ocupaciones en la vida productiva de las personas, lo cual se está traduciendo en baja en los   niveles de producción, empleos e ingresos monetarios nominales de la plantilla de ocupados.

En tal sentido, los resultados que resaltan dos modelos macroeconómicos aplicados, uno del Banco Mundial y el otro de la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, llegan a la estimación de  que el crecimiento esperado del PIB en el año 2020 en la República Dominicana se situaría entre un 0% (BM) o un -3% (UI,The Economist). Ambos escenarios son  altamente preocupante y, obviamente, catastrófico, pues de materializarse el descenso en el movimiento del PIB dentro del rango arriba señalado, se traducirá en el empeoramiento en las condiciones sociales de la mayoría de la población en el país.

En tiempo presente el paro productivo abrupto, vinculado a la aplicación de medidas orientadas a contener la propagación del Covid-19, se estima que se ha traducido ya en más de 800,000 personas que han sido suspendidas de sus ocupaciones formales durante los primeros 50 días de la pandemia en el país, de los cuales alrededor del 75% están recibiendo una proporción de su salario vía el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE), programa diseñado e implementado por el gobierno para compensar los efectos sociales y económicos de la caída en la actividad económica reciente.

Los pronósticos  a la baja en el Producto Interno Bruto y en los niveles de empleos se traducirían en un retroceso para el alcance de las metas que se había programado alcanzar el país al cierre del año 2020, las cuales están registradas en los indicadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, y ambos desempeños arrastrarán a exacerbar los niveles de pobreza, con la agravante de que tal situación permanecerá más allá de la coyuntura post-pandémica, y sólo podría ser amortiguado el daño en ingresos monetario de los trabajadores si las medidas de compensación económicas y sociales que se han aplicado al inicio de la propagación del virus permanecen aplicándose durante un tramo  importante de tiempo.

Por el comportamiento que se registraron en crisis pasadas (2003 y  2009) es probable que una parte de los antiguos ocupados en el sector formal de la economía pasen a formar parte de ocupaciones informales, por consiguiente, se impactaría la calidad del empleo hacia una precarización del mismo en relación al existente antes de la aparición del COVID 19. En tal sentido, se puede esperar que en la coyuntura post pandemia las ocupados informales podría sobrepasar en proporción más allá del 60% de la fuerza laboral total.

Con el aumento de los niveles de pobreza y la precarización del empleo, se puede esperar un cierto deterioro en el acceso a alimentos nutritivos para parte de las personas arrastrada hacia la pobreza, es muy temprano, y sería temerario, por no decir completamente especulativo, describir en cuanto puede estimarse la cantidad de personas que  se verían afectadas en el acceso a la alimentación en forma regular, pero todo apunta a que sucederá.