Corrupción y fraude: un desafío creciente para la economía de la República Dominicana
Informe de la OCDE advierte sobre el impacto económico y social de estos delitos y señala la necesidad de fortalecer la aplicación real de las políticas anticorrupción
Santo Domingo, RD. – La corrupción, el fraude y la expansión de la criminalidad organizada representan desafíos cada vez mayores para la estabilidad económica y la confianza institucional en la República Dominicana, según las más recientes Perspectivas de Anticorrupción e Integridad publicadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El informe sitúa al país dentro de un grupo de 25 naciones socias analizadas —entre ellas varias de América Latina— donde existe un avance significativo en la creación de normas anticorrupción, pero persiste una brecha importante entre lo establecido en las leyes y su aplicación práctica.
De acuerdo con el estudio, los países socios alcanzan un 66 % de cumplimiento normativo en materia de integridad pública, mientras que la ejecución efectiva de esas medidas apenas llega al 40 %, lo que evidencia debilidades en la implementación de los sistemas de control y fiscalización.
La OCDE advierte que estos delitos generan altos costos económicos al reducir la estabilidad de los mercados, desalentar la inversión y aumentar la ineficiencia del gasto público. Investigaciones citadas por el organismo estiman que entre el 8 % y el 25 % de la inversión pública mundial puede perderse debido a la mala gestión y la corrupción, un fenómeno que también impacta a economías emergentes como la dominicana.
En el caso del fraude, el organismo internacional señala que las pérdidas reales suelen ser mayores que las detectadas oficialmente, lo que plantea la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión en los programas públicos y mejorar los sistemas de prevención.
El informe también alerta sobre el crecimiento del crimen organizado, impulsado por la globalización y la digitalización, cuyo impacto económico podría representar entre el 2 % y el 5 % del producto interno bruto (PIB) mundial. En América Latina y el Caribe, región a la que pertenece la República Dominicana, ese costo alcanza aproximadamente el 3,5 % del PIB cuando se incluyen los efectos indirectos en la sociedad.
Más allá de las pérdidas financieras, la OCDE subraya que la corrupción y el fraude erosionan la confianza ciudadana en las instituciones públicas, incrementan las desigualdades y distorsionan el diseño de políticas públicas, factores que pueden afectar el desarrollo sostenible y la gobernabilidad democrática.
Ante este panorama, el organismo internacional recomienda a los gobiernos fortalecer sistemas de integridad pública que no solo existan en el marco legal, sino que se apliquen de manera efectiva, con controles reales, transparencia y rendición de cuentas como pilares fundamentales para proteger la economía y la confianza social.
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