Santo Domingo.-Un coronel del Ejército Nacional, detenido por alegadamente facilitar el envío de mulas cargadas de drogas al exterior, es funcionario del Departamento de Inteligencia en la Dirección de Migración, además de ser el esposo de una ex diputada y antigua candidata a alcalde por el municipio Santo Domingo Norte, estableció EL DÍA en fuentes militares.
Se trata de Carlos Ariel Fernández Concepción, a quien la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) atribuye estar vinculado de manera directa a una banda de narcotraficantes internacionales que envía mulas con cocaína y heroína en el estómago a Estados Unidos y Europa, en especial a España y Holanda.
La comisión que investigó el caso recomendó la cancelación y expulsión de Fernández Concepción de las filas del Ejército, organismo donde estaba detenido ayer la tarde.
Ese oficial está detenido, hasta el momento, en el Ejército, dijo un oficial general consultado.
Se estableció que la cancelación de los otros oficiales expulsados de las Fuerzas Armadas y la Policía, además de la DNCD, fue dispuesta por el Poder Ejecutivo, por lo que se les remitió a la Fiscalía del Distrito Nacional para que los someta a la Justicia.
Hasta anoche no había sido dispuesta la cancelación del coronel Fernández Concepción,
El oficial en cuestión no está ligado al caso del capo José David Figueroa Agosto.
Igual ocurre con los mayores Roberto Soto Félix, del Ejército; Aneury Rodríguez Rodríguez, de la Fuerza Aérea, y Juan Ramón Aquino Rodríguez, además del capitán policial Ernesto José Peguero Mota.
Esos últimos oficiales, de acuerdo al informe de la DNCD, eran supuestas piezas claves empleadas por una red que operaba en el este del país para enviar cocaína y heroína a Europa, utilizando mayormente el aeropuerto de Punta Cana. Se les ocupó un alijo de 56 kilos de cocaína el 7 de mayo de 2010.
0tros presuntos ligados a esa banda son el segundo teniente Arnulfo Medina, del Ejército, y el agente antidrogas Samuel Moisés Bautista.
Los alegados nexos de esos militares con la red fueron determinados por una comisión integrada por oficiales de las FF. AA. y la Policía, además de miembros del Ministerio Público.
En cambio, los alegados facilitadores de la banda de Figueroa Agosto son el ex teniente coronel Alfredo Vargas Herrera, del Ejército; el ex mayor policial Víctor Enrique Liriano Fernández, los ex capitanes José Manuel Helena Ramírez y Luis Alfredo Báez Ortiz, de la Policía; y el ex sargento Darwin Ovidio Rodríguez Disla, del Ejército. A la banda, supuestamente, pertenecían los cabos Argenis Buathis Soriano, del Ejército Nacional, y Samuel Bautista, de la Marina.
La comisión que investigó al grupo fue creada el 20 de julio y no fue hasta el 14 de agosto cuando fueron dados a conocer los resultados de la investigación.
Los oficiales están en manos del Ministerio Público desde ayer tarde para que siga investigando.
Procurador se desvincula
El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, aseguró ayer que el Ministerio Público no participó en la investigación que realizó la comisión de la DNCD que recomendó la expulsión de seis oficiales superiores, cuatro subalternos y tres de menor rango perteneciente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por supuestos vínculos con la red del alegado capo boricua José David Figueroa Agosto.
Señaló que la información que tenía hasta ese momento era que las investigaciones fueron estrictamente institucionales, por lo que se manejaron acorde con sus reglamentos internos. En ese sentido, aseguró que si el Ministerio Público, sobre todo la Fiscalía, encuentra elementos de pruebas vinculantes que puedan comprometer la responsabilidad de esas personas serán sometidas a la Justicia, pero de lo contrario el organismo no puede hacer nada contra ellos.
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