SANTO DOMINGO.-El gasto de bolsillo de los pacientes que hasta el 2017 era del 45% en salud equivalente al 6.1 del PIB (221,525 millones), se ha disparado con la pandemia del COVID-19, debido a que algunos centros de salud y de diagnósticos, cobran hasta RD$1,500 por equipos de bioseguridad y protocolos de higienización.
Tan solo en un día los centros facturan hasta 10 kits de protección a los afiliados a la Seguridad Social, variando estos en cantidad y precio, según el criterio del prestador, de acuerdo a quejas reportadas a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).
Tanto el presidente de la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), Juan Manuel Vargas, como la directora de la DIDA, Nélsida Marmolejos, no están de acuerdo que estos gastos sean pagados por el afiliado, pues exacerba su condición económica, que de por sí está lacerada por la pandemia.
En ese sentido, ambos solicitaron al Gobierno, a través de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) que medie en el asunto y establezca regulaciones sobre el uso los kits de protección y lo que tienen o no que cobrar los centros a los afiliados.
En ese sentido, Vargas, consideró que el Ministerio de Salud Pública debe formular un protocolo que rija los cargos que pueden hacer o no los centros médicos y de diagnósticos a los afiliados sobre el concepto, ya que a su juicio los gastos de higienización es parte del trabajo que tienen que hacer las empresas.
Recientemente Adars y los centros de salud públicos y privados llegaron a un acuerdo para añadir la cobertura de los equipos de protección personal para el personal que atiende a los pacientes de COVID-19.
A los prestadores privados se les pagará por este concepto, RD$1,200 diarios por paciente con COVID-19 atendió por emergencia, RD$3,500 por interno en unidades de aislamientos y RD$4,500 por cada ingresado en UCI. A los hospitales públicos, erogan RD$ 600 por emergencia, RD$1,750 aislamiento y RD$2,250 UCI.
Prestadoras
— Acuerdo
La negociación Adars y los centros de salud públicos y privados no garantizan cobertura a los no infectados, quienes quedan desprotegidos ante los cobros de estos materiales de bioseguridad.
