El pasado día 10 de agosto la Oficina Nacional de Estadística (ONE) dio a conocer los resultados preliminares del X Censo Nacional de Población y Vivienda.
Tal y como se esperaba, este fue el tema del día, no por la noticia de los datos, sino por la tormenta de críticas que se han suscitado en torno a esta importante operación estadística desde los meses previos a su realización, cuya dirección ejecutiva, además de la mala decisión de desvincular a expertos experimentados en materia de gestión de censos, no escuchó las voces autorizadas que hicieron observaciones pertinentes para garantizar un censo de calidad y de amplia cobertura.
Hoy día no se sabe cuál fue el error de cobertura del censo que, en materia de buenas prácticas y de transparencia, debió ofrecerse con los resultados socializados, ya que la encuesta de cobertura se hizo y ese dato está disponible. De todos modos, en su discurso de presentación y en las declaraciones posteriores, la directora de la ONE ha dejado entrever que la omisión censal fue muy alta.
Los cuestionamientos y la desconfianza en las estadísticas oficiales que sirve la ONE, sin importar el gobierno de turno, con algunas excepciones en el pasado, son una constante en el país; una historia a la que hay que ponerle fin.
No se entiende cómo una institución que ya cumplió 64 años de fundada no ha creado, en la práctica, una sólida imagen pública y una alta reputación en materia de credibilidad, tal como ocurre en la mayoría de los países de la región.
Hoy, más que nunca, el país necesita disponer de estadísticas confiables, exactas, oportunas, adecuadas, comparables y útiles; los datos constituyen uno de los activos más importantes de toda sociedad mínimamente organizada.
Los gobiernos, los políticos y los funcionarios de turno pasan, y seguirán pasando, pero los datos quedan. Por estas razones el país necesita dar el paso esperado en materia estadística, convertir la ONE en un Instituto Nacional de Estadística (INE), tal como funciona en la mayoría de los países del mundo, que han logrado instituciones muy sólidas, estables y altamente creíbles, verbigracia Costa Rica, que es un referente regional.
El país necesita con urgencia un nuevo marco legal que sustituya la obsoleta Ley No. 5096 del 3 de marzo de 1959, sobre Estadísticas y Censos Nacionales, y sus modificaciones contenidas en la Ley No. 5906 del 14 de mayo de 1962. En esta dirección, en el Senado de la República han sido presentados tres proyectos de ley para transformar la ONE en un INE.
Los senadores que sustentan esos proyectos son: Félix Bautista, senador por la provincia de San Juan; Santiago José Zorrilla, senador por la provincia de El Seibo, y Faride Raful, senadora por el Distrito Nacional. El proyecto sometido por Bautista tiene fecha 17 de agosto de 2017, y el de Raful, junio de 2021.
Lo inexplicable del caso es que ninguno de los tres proyectos ha despertado el interés del Senado para darle curso. Mientras tanto, seguimos con una ONE que, a pesar de su avanzada edad, no logra generar confianza, y eso es muy malo.
En junio de 2021 el entonces titular del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Miguel Ceara Hatton, en el momento de recibir de manos de la senadora Raful el proyecto de Ley General para la Función Estadística Pública, al referirse al INE dijo las siguientes palabras: “Un instituto en el que todo el mundo pueda confiar se convierte en el referente permanente”, y ponderó su importancia para la modernización de esta sociedad.
En esta dirección, el gobierno debe ser el primer interesado en que se haga realidad el planteamiento de Ceara Hatton, seguido de los sectores productivos, los partidos políticos, las universidades, los investigadores, la sociedad civil y los propios organismos internacionales que apoyan y/o financian importantes operaciones estadísticas en el país, entre ellos el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNA) y el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).
Todos alineados para darle a esta sociedad una institución con un nuevo marco jurídico que la ponga a tono con sus pares internacionales, que sea creíble, confiable, moderna, con autonomía de gestión, presupuesto, administrativa, financiera, cuya dirección ejecutiva sea escogida por El Senado mediante concurso público entre los profesionales de la estadística y la demografía.
Que no se politice ni banalice, que aproveche las capacidades que existen en el país en la materia; el mal sabor que ha dejado el pasado censo es una oportunidad para transformar la ONE en un INE y olvidar el pasado.
Avancemos.
*Por Dionicio Hernández Leonardo
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