Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dispuso la cancelación y suspensión de oficio de 47 registros de proveedores del Estado de personas físicas y jurídicas condenadas o procesadas por delitos cometidos contra la Administración pública.
La medida está contenida la Resolución núm. DGCP-44-2025-003701, la cual establece la cancelación definitiva de oficio de 21 registros de proveedores del Estado de personas físicas y jurídicas condenadas por corrupción con acuerdo homologado.
También dispone la suspensión provisional de 14 proveedores procesados penalmente, hasta tanto exista decisión judicial firme y la suspensión automática de 12 registros de empresas cuyos socios o directivos se encuentran condenados, como mecanismo preventivo.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán, explicó que esta decisión se fundamenta en las informaciones suministradas por la Procuraduría General de la República y en lo dispuesto por la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento de aplicación, así como en la Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
“Con esta resolución reafirmamos nuestro compromiso de garantizar la integridad del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, fortaleciendo los controles y asegurando que ningún proveedor condenado por corrupción pueda beneficiarse de los recursos del Estado”, manifestó Pimentel.
Mediante una nota de prensa la DGCP explicó que los proveedores con estatus de “cancelado” no podrán volver a contratar con el Estado, mientras que los “suspendidos” quedan inhabilitados de manera temporal hasta que concluya el proceso judicial correspondiente.
Asimismo, el órgano rector notificó el acto a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República para los fines legales pertinentes.
“Con esta acción, la DGCP busca enviar, una vez más, un mensaje a la ciudadanía y a los actores del mercado público: la contratación pública debe ser un espacio de transparencia, integridad y respeto a la ley, libre de proveedores involucrados en actos de delitos contra la Administración pública”, concluyó Pimentel.
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