La República Dominicana ha logrado manejar con relativa eficacia los efectos de la crisis energética internacional. Mientras los precios del petróleo y sus derivados se han disparado en los mercados internacionales, el Gobierno ha mantenido una política de subsidios que ha evitado trasladar íntegramente esos incrementos a los consumidores.
Pero esa protección tiene un costo enorme para las finanzas públicas y, lo que resulta más preocupante, no parece haber generado conciencia sobre la necesidad de moderar el consumo.
Por el contrario, el consumo de combustibles ha aumentado, como si el país estuviera ajeno a las circunstancias extraordinarias que atraviesa la economía mundial.
Mientras el Estado realiza un esfuerzo financiero extraordinario para proteger a la población, seguimos utilizando los combustibles como si sus precios permanecieran inalterables.
Cada galón de combustible subsidiado que se consume representa una erogación adicional para el Estado.
No se trata de pedir sacrificios desproporcionados a quienes necesitan trasladarse diariamente a sus trabajos o utilizar combustibles para producir bienes y prestar servicios.
Se trata de que reconozcamos que el ahorro energético es también una responsabilidad ciudadana.
Los subsidios pueden amortiguar una crisis, pero no deben hacernos olvidar que existe y que cada uno de nosotros tiene una cuota, grande o pequeña, de responsabilidad en los esfuerzos por hacerla llevadera.
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