Periodista Luis García
El Consejo Nacional de la Magistratura es una figura jurídica incorporada mediante la reforma constitucional de 1994, y cuya función consiste en la relevante responsabilidad de designar a los jueces de las denominadas Altas Cortes.
Esto significa que, en determinados momentos, conforme concluya el período de elección, se reúna para evaluar a magistrados de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional; y cada cuatro años escoger a los del Tribunal Superior Electoral.
En términos generales, el Consejo Nacional de la Magistratura, una institución producto de una crisis política y social, ha cumplido con el mandato constitucional.
Esta vez, sin embargo, existen preocupaciones democráticas, porque a partir de diciembre y del próximo año electoral, cinco magistrados del Tribunal Constitucional y cuatro de la Suprema Corte de Justicia se alistan para dejar las posiciones.
En el Tribunal Constitucional, siguiendo el mecanismo de renovación que establece la Ley 137-11, habrán de ser sustituidos a principios de 2024 cinco jueces, incluido su presidente, Milton Ray Guevara. Mientras que en la Suprema Corte de Justicia podrían salir cuatro, en caso de someterse o no superar las evaluaciones, al finalizar el período de elección de siete años.
Todo el mundo sabe que a las Altas Cortes y a la Junta Central Electoral no se asciende solo por talento; se requiere de “lobby” de partes interesadas, de reparto entre estructuras políticas dominantes o por “favores”. El problema radica en que en un momento determinado alguien va a solicitar la devolución del “favor”, lo cual atenta contra la institucionalidad democrática del país.
Esto impide que otros honestos y capaces lleguen para servir a la sociedad.
Un Tribunal Constitucional reestructurado en base a “favores” no podría denunciar, como lo hace el actual, al Poder Ejecutivo del desacato de decenas de sus decisiones que reúnen el carácter de lo irrevocable.
En el caso del Consejo Nacional de la Magistratura está diseñado para que la estructura política que controle el Poder Ejecutivo, también lo tenga del órgano. Actualmente, hacen mayoría los titulares de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República y de las Cámaras Legislativas.
La imposición de una mayoría mecánica del oficialismo convertiría el referido órgano en una especie de “Espada de Damocles” que provocaría daños irreparables a la institucionalidad y los valores democráticos.
La frase “Espada de Damocles” se utiliza cuando una persona está amenazada de un peligro inminente. El poeta Horacio alude en una de sus odas que ese personaje era uno de los cortesanos aduladores de Dionisio de Siracusa, llamado el Tirano, que vivió en el siglo IV antes de Cristo.
En vista de que Damocles pasaba el día alabando la felicidad de Dionisio, este, para persuadirlo de que no era tal, le invitó a asistir a un banquete en el que fue obsequiado como un príncipe. Luego, en lo mejor de la fiesta, levantó los ojos Damocles y vio que del techo colgaba una espada desnuda, sostenida solamente por una crin de caballo.
Horrorizado del peligro en el que se encontraba, pidió permiso para reiterarse, pero no lo hizo sin reconocer que la existencia del tirano no era tan feliz como él pensaba.
En la sociedad dominicana los lisonjeros están diseminados por todas partes. La incapacidad para gestionar bien las cosas es parte de la cotidianidad. El bajo nivel de comprensión del poder y de la política es tema hasta de tesis doctorales.
Por lo anterior y muchas cosas más, hay que evitar que zozobre la embarcación común que lleva por nombre República Dominicana.
