Santo Domingo.- El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, conocerá hoy una solicitud de revisión de medida de coerción interpuesto por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal implicado en la red de corrupción Medusa.

Con esta acción, el exfuncionario busca su libertad, por cuarta ocasión, quien está acusado de encabezar una estructura que con maniobras fraudulenta sustrajo millones de los recursos del Estado a través de su gestión en la Procuraduría General de la República.

En declaraciones recientes a mediante un comunicado, los abogados de los imputados aseguraron que su representado obtendrá su libertad alegando que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) no tiene argumentos para prolongar la prisión preventiva.

Carlos Balcarce y Gustavo Biggi garantizaron que Rodríguez seguirá su proceso en libertad, tras asegurar que les será otorgada su libertad por revocar la prisión.

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os imputados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

El Ministerio Público presentó una acusación con un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas y entre las pruebas, más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.

Por el caso guarda prisión el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal imputado del caso. También, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.