CONEP presenta sugerencias a proyecto Ley Uso de Medios Digitales en Poder Judicial

CONEP presenta sugerencias a proyecto Ley Uso de Medios Digitales en Poder Judicial

CONEP presenta sugerencias a proyecto Ley Uso de Medios Digitales en Poder Judicial

Pedro Brache, presidente del CONEP.

SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) elaboró una lista de sugerencias para el proyecto de ley sobre uso de Medios Digitales en el Poder Judicial dentro de las se encuentra «establecer de manera clara, precisa y unificada quien puede elaborar las reglamentaciones, pues el proyecto hace referencia a Suprema Corte de Justicia, Pieno de la Suprema Corte de Justicia y Consejo Judicial de manera indistinta, a pesar de que son instituciones diferentes».

A través de una carta enviada al diputado Víctor Manuel Fadul Lantigua Presidente de la Comisión Especial para la revisión del Proyecto de Ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial, el CONEP indicó que «es importante que se cuiden los temas de acceso a la Justicia y debido proceso en los cambios que se realicen vía reglamento».

El CONEP planteó incluir en los vistos la Ley 821-27 de Organización Judicial, el Código de Procedimiento Civil y el Código de Procedimiento Penal.

Al tiempo que resaltó que el término «medios digitales» debe ser modificado por «herramientas digitales» o «recursos digitales, ya que el primero, involucra todo un espectro de elementos que no están en el alcance de esta ley.

Los  empresarios sugieren establecer la distinción en las situaciones en las que se utilizará la «firma electrónica» y la «firma electrónica cualificada».

Así como también, que el reglamento de la ley debe ser sometido a consulta pública por el Poder Judicial.

De igual modo, el colectivo recomendó establecer limites claros para los usuarios del sistema que aporten seguridad y estandarización de procesos.

Consideró importante resaltar la importancia de que la virtualidad sea facultativa, en vista de que no en todo el país se cuenta con las herramientas necesarias para garantizar el derecho a acceso a la justicia de los ciudadanos de manera igualitaria.