Santo Domingo. – A cuatro días de que entren en vigencia las disposiciones del Código Penal que establecen la responsabilidad penal de las empresas, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) solicitó al Congreso Nacional acelerar la aprobación de una reforma que busca aplazar su aplicación.
La organización empresarial advirtió sobre la proximidad del 5 de noviembre, fecha a partir de la cual comenzarían a aplicarse las disposiciones, por lo que considera necesario que la iniciativa sea aprobada y promulgada antes de ese plazo.
Mediante comunicaciones dirigidas a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el CONEP planteó la necesidad de completar el trámite legislativo del proyecto, que ya fue aprobado de urgencia por los senadores.
La iniciativa, presentada por el senador Rafael Barón Duluc Rijo, procura otorgar un plazo adicional para que las empresas adapten sus operaciones a las nuevas responsabilidades establecidas en el Código Penal.
El gremio empresarial valoró la decisión del Senado de avanzar con la modificación, al considerar que permitirá una implementación más organizada de las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
“Esta iniciativa constituye un paso importante para garantizar una implementación ordenada y efectiva del nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa”, señala el CONEP en una nota de prensa.
Sin embargo, entiende que la aprobación en el Senado resulta insuficiente mientras la pieza permanezca pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados.
Conep dice empresas necesitan tiempo
Uno de los principales argumentos del CONEP es que las empresas necesitan tiempo para establecer mecanismos internos que les permitan cumplir con las nuevas exigencias legales.
Entre las medidas que deberán implementar figuran programas de cumplimiento normativo, políticas de prevención, controles internos, canales de denuncia y procedimientos para evaluar posibles riesgos.
La organización sostiene que estas adecuaciones deben responder a las características particulares de cada empresa, tomando en consideración su tamaño, actividad económica, estructura organizativa y nivel de exposición a riesgos.
También considera necesario que las autoridades establezcan criterios claros para determinar las responsabilidades penales de las empresas y evaluar los mecanismos de prevención que estas adopten.
A juicio del CONEP, disponer de un período adicional contribuiría a fortalecer la seguridad jurídica y evitar dificultades en la aplicación de las nuevas disposiciones.
Preparación del sistema judicial
El gremio señaló que la ampliación del plazo no solamente beneficiaría a las empresas, sino que también permitiría avanzar en la capacitación de los operadores del sistema de justicia.
En ese sentido, entiende que jueces, fiscales y demás actores vinculados a la aplicación de la normativa necesitan contar con criterios institucionales que garanticen una interpretación uniforme de las disposiciones.
Para el CONEP, el nuevo régimen debe entrar en vigencia bajo condiciones que permitan determinar con claridad cuándo una empresa puede ser penalmente responsable y cuáles elementos deberán tomarse en cuenta para evaluar sus mecanismos de prevención.
Presión por el plazo
Ante la cercanía del vencimiento, el CONEP solicitó a Ricardo de los Santos gestionar la pronta remisión del proyecto a la Cámara de Diputados, mientras que a Alfredo Pacheco le pidió agilizar su conocimiento una vez sea recibido.
La organización insistió en que el objetivo es completar el procedimiento legislativo y permitir que el Poder Ejecutivo promulgue la modificación antes del 5 de noviembre.
Finalmente, reiteró su disposición de colaborar técnicamente en los procesos de adecuación e implementación de las nuevas disposiciones, al tiempo que reafirmó su compromiso con el fo
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