Compras y Contrataciones Públicas suspende 81 registros de proveedores del Estado en lo que va de año
- La medida eleva a 598 las suspensiones realizadas desde 2020; Pimentel advierte que la nueva Ley 47-25 elimina el margen de participación accionaria para funcionarios
Santo Domingo, RD. — La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha suspendido en lo que va de año un total de 81 registros de proveedores del Estado, con lo que suman 591 las suspensiones realizadas desde 2020, como parte de las medidas de transparencia y prevención de conflictos de interés implementadas por el Gobierno.
Así lo informó el director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien explicó que la medida responde a las disposiciones establecidas en la nueva Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas, que establece restricciones para que funcionarios y legisladores mantengan vínculos con empresas que contraten con el Estado.
Pimentel explicó que, bajo la legislación anterior, existía un margen que permitía a los funcionarios mantener hasta un 10 % de participación en una empresa sin quedar impedidos de contratar con el Estado. Sin embargo, sostuvo que la nueva normativa eliminó ese umbral y establece una prohibición cuando exista participación o vínculo con una empresa que tenga relaciones contractuales con el Estado.
En ese sentido, señaló que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas procedió a suspender los registros de proveedores vinculados con funcionarios, debido a que estos no podrán ser utilizados mientras permanezca vigente la condición que genera el impedimento.
“Esto se hizo en junio y salió ahora, pero se suspendió porque así la nueva ley lo establece”, declaró Pimentel durante su participación en el programa Matinal.
Una medida preventiva
El funcionario aclaró que la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) tiene un carácter preventivo y no implica, por sí misma, que los legisladores o funcionarios afectados hayan incurrido en alguna contratación ilícita.
Explicó que se trata de un mecanismo mediante el cual el sistema impide que quienes ocupan determinados cargos puedan participar en procesos de contratación pública mientras exista una condición que los coloque dentro de las prohibiciones establecidas por la ley.
Pimentel sostuvo, además, que la depuración del registro no constituye una medida adoptada exclusivamente a raíz de las recientes suspensiones a legisladores, sino que forma parte de un proceso que la institución ejecuta desde 2020.
Advierten sobre el uso de prestanombres
El director de Compras y Contrataciones Públicas también advirtió sobre las consecuencias para aquellos funcionarios que intenten evadir las restricciones legales mediante empresas registradas a nombre de terceros o prestanombres.
Explicó que la nueva legislación contempla mecanismos para identificar al beneficiario final de las empresas y que existen consecuencias administrativas y penales para quienes intenten ocultar una vinculación con una compañía con el propósito de participar en procesos de contratación pública.
La advertencia se produce en medio de las reacciones generadas por la suspensión de registros de proveedores correspondientes a legisladores, entre ellos los senadores Antonio Marte y Ginette Bournigal.
Sobre estos casos, Pimentel indicó que, hasta el momento, la institución no ha recibido recursos formales de reconsideración por parte de los legisladores mencionados para revisar su situación en el Registro de Proveedores del Estado.
El funcionario insistió en que las suspensiones responden a la aplicación de las disposiciones legales vigentes y forman parte de los mecanismos establecidos para prevenir conflictos de interés y garantizar mayores niveles de transparencia en las contrataciones públicas.
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