La verdad es que, aparte de severas enfermedades de alto costo y complejidad, los dominicanos estamos padeciendo el mal de contar con una parte del sector empresarial que son verdaderos insaciables, pero no sólo son ellos, porque sus puntas de lanza en lo político encubierto, que es la cosa ésa que se hace llamar «Sociedad Civil», también constituye una verdadera aspiradora económica.

La mejor muestra de que esto es así, es que el ex-secretario ejecutivo de Participación Ciudadana, en su actual rol de Director General de Compras y Contrataciones del gobierno acaba de declarar «insostenible» al Programa de Medicamentos de Alto Costo y Ayuda Médica, que hasta hace unos años asistía con tanta eficacia a los pobres, cuando se les diganosticaba alguna enfermedad de las llamadas catastróficas y/o necesitan someterse a un procedimiento carísimo, para ellos incosteable, por ser de alta complejidad.

El Programa de Medicamentos de Alto Costo y Ayuda Médica del Ministerio de Salud tiene en la actualidad un presupuesto anual qué ronda los 8 mil millones de pesos. Se trata de una «chilata» insignificante a la hora de evaluar su impacto sobre el salvataje de vidas. Esto, si se toma en cuenta que el presupuesto General del Gobierno para 2023 asciende a la astronómica cifra de 1 billón 400 mil millones de pesos, esto es, 1 millón de millones más 400 mil millones de pesos.

Pero si el señor Carlos Pimentel, en su doble condición de funcionario del gobierno y uno de los jefes de la autodenomina «Sociedad Civil», considera «insostenible» esa «chilatica» como subsidio social a los enfermos pobres, entonces ¿por qué no declara «insostenible» la millonada, superior a los 600 mil millones de pesos anuales que en subsidios, exenciones y exoneraciones aduanales le otorga el gobierno al sus amigos del sector empresarial?

No sin tener razón en esa específica observación, Pimentel afirma que ese programa debe ser asumido por el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y que el gobierno no está para hacer favores ni para dar ayuda. En eso estoy de acuerdo con él, porque podría ser cierto. Pero…, las preguntas obligadas e inmediatas serían:

¿Considera usted que se trata de un favor que ante la ausencia de la responsabilidad social y de una ley taxativa, el hecho de que Estado asuma su rol de garante del derecho ciudadano al acceso a los servicios de salud, sin importar a través de cuál programa o renglón lo haga para cumplir su mandato constitucional?

¿Y que piensa usted, señor Pimentel, qué pasaría con los enfermos pobres?

¿Dejarlos que se mueran mientras el Congreso dura años para aprobar una enmienda que obligue por ley a que asuman las coberturas de los medicamentos y procedimientos de alto costo y complejidad las Administradoras de Riegos de Salud (ARS) pertenecientes al sector empresarial que a su vez financia a la empresa de gentes como usted, señor Carlos Pimentel, en su Participación Ciudadana?

¡Y otra pregunta! ¿Verdad que antes de declarar «insostenible» la inversión social del Estado en los medicamentos de alto costo, primero usted debía asegurarse de que la Dirección de Publicidad Gubernamental aplique correctamente la Ley 340-06 al gastar en su presupuesto central de este año en ese renglón más de 6 mil 900 millones para para promover la reelección presidencial y así proceder a declarar insostenible esa piñata antes que quitarles oportunidades de sobrevivir a miles de personas enfermas y así también evitar que sus familias se queden quebradas, en la más abyecta miseria, por tener que asumir los costos de las enfermedades que matan a sus parientes?

Por otra parte, que se sepa, como director de Compras y Contrataciones Públicas no es competencia suya, señor Carlos Pimentel, estar atento a los montos presupuestarios ni a qué renglón están direccionadas las asignaciones de las instituciones cuyos procesos de compras y contrataciones debe usted supervisar. Su competencia está dada a verificar que esas instituciones apliquen correctamente la Ley 340-06, pues de no ser así, señor Pimentel, usted también tendría declarar «insostenibles», mas no lo hace, los multimillonarios subsidios que recibe del gobierno el sector empresarial que financia a su organización de origen: Participación ciudadana.

El problema radica en que mientras los pobres necesitan los subsidios sociales del Estado como garante del derecho a la salud y para que sobrevivan a enfermedades catastróficas, otros que desviven por la eliminación de esos subsidios a los pobres, utilizan precisamente los que ellos reciben del propio Estado para engrosar sus grandes empresas y fortunas en bancos nacionales y extranjeros; y para ensanchar las franjas de desigualdades e inequidades económicas y sociales.

Y para esos sí, en su visión, señor Pimentel, parece que sí son perdurables y sostenibles los subsidios del gobierno.

*Es periodista.