Santo Domingo.-La decisión de no aplicar sanciones a quienes no cumplieron con el plazo establecido para incorporarse a la facturación electrónica y dar un compás de espera a los retrasados en el proceso ha sido valorada como positiva por diferentes gremios de comerciantes.
Mientras que otros comenzaron a realizar propuestas para buscar mayores facilidades para tributar.
La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo saludó la decisión al considerar que dicha medida favorece a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que aún no cuentan con los recursos económicos y tecnológicos para adherirse al sistema.
El gremio resaltó la importancia de avanzar hacia nuevos procesos tecnológicos, pero entiende que las mipymes necesitan más tiempo, capacitación, orientación y acompañamiento gubernamental para cumplir con las nuevas disposiciones.
Insistió en la necesidad de establecer mecanismos de apoyo que faciliten su incorporación a la facturación electrónica.
Entre las dificultades que enfrenta el comercio para cumplir con este proceso también figura el suministro irregular de energía eléctrica en algunos sectores.
Alberto Leroux, del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, valoró la decisión al considerar que representa un alivio para los comerciantes, especialmente para los pequeños y medianos, que enfrentan dificultades económicas y tecnológicas para implementar este sistema.
Leroux expresó el reconocimiento de la entidad a la DGII por su disposición de llevar tranquilidad al sector comercial y manifestó su confianza en que la flexibilidad anunciada se aplique de manera uniforme.
Mientras que la Central Nacional de Detallistas Unidos propuso al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional modificar la Ley de Facturación Electrónica, a fin de establecer un régimen especial que permita incorporar gradualmente a los colmados y pequeños comercios detallistas.
Ricardo Rosario, presidente de ese gremio, advirtió que las condiciones actuales de la mayoría de estos establecimientos, caracterizadas por limitaciones tecnológicas, problemas de conectividad y falta de personal especializado, dificultan el cumplimiento de las exigencias de la normativa.
“Los colmaderos no nos oponemos a la modernización ni a la transparencia fiscal, pero una ley no puede aplicarse de espaldas a la realidad social y económica del pequeño comercio”, expresó Rosario.
Este gremio propuso iniciativas que ya están en funcionamiento, como las herramientas gratuitas de facturación electrónica. Además, sugirió la creación de un régimen simplificado o monotributo y la suspensión de sanciones mientras se desarrolla un programa de capacitación y asistencia técnica, un período que entienden debe durar cuatro años.
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